«Un procedimiento escrupuloso», «absoluto control». Son algunas de las expresiones que ha utilizado el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo en las respuestas que ha dado al exhaustivo interrogatorio de su abogada, Encarnación Molino. Vallejo ha insistido en que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) solo daba la aprobación para que el director general de Trabajo para que se ejecutara el pago de las ayudas con cargo al fondo de los ERE. «Había una confianza legítima» entre administraciones que «nunca» le hicieron sospechar de posibles irregularidades, hasta el punto de que en el Consejo Rector del IFA no se empleaba «más de 20 segundos o medio minuto» para dar el visto bueno a los expedientes. Vallejo ha recalcado además, que ningún órgano de control, «la Intervención General, la Intervención Delegada o la Cámara de Cuentas» le trasladaron algún «reproche o reparo». Vallejo ha dicho que es «insólito» creer que hubo un fraude organizado durante 12 años.
Vallejo ha hablado de «absoluta normalidad» en el procedimiento, sin que «jamás recibiera una advertencia de que hubiera una ilegalidad en el convenio marco» que se firmó en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA. «Nunca recibí una sospecha de ilegalidad» de un convenio, que a reconocido que no lo leyó, pero cuya legalidad comprobó y del que ha dicho que «se venía aplicando año a año, se había llevado al Parlamento, a la Ley General de Presupuesto, donde se aprobaban las transferencias de financiación, y se hacía referencia al convenio marco». «Era absolutamente legal», ha añadido.
De hecho, ha defendido, con un tono serio y duro, que es «insólito» creer que consejeros, delegados, directores generales y funcionarios hubieran tramado el supuesto fraude para otorgar unas ayudas que se podían dar desde la legalidad. «Me parece tan insólito creer que esto se haya mantenido durante 12 años sin que no se filtrase un detalle y ahora todo se ha hecho tan mal».
El exconsejero de Innovación, de la que pasó a depender el IFA bajo la denominación de agencia IDEA, ha explicado que en su etapa se llevaron 18 convenios de ayudas concretas al Consejo Rector para que el director general pudiera «ejecutar el pago». «Ni tuve ni tenía por qué tener sospecha», de ahí que eran cuestiones a las que «no se dedicaban más que medio minuto». Estos convenios, según ha dicho, «pasaban por la Intervención Delegada Permanente», por lo que su entender «había un control absoluto». Así el IFA «nunca ha tenido ningún reproche ni ningún reparo de la Intervención General, de la Intervención Delegada ni de la Cámara de Cuentas».
Vallejo también ha recordado que el Consejo Rector «no tenía acceso a los expedientes» de los convenios, que estos se quedaban en la Dirección General de Trabajo, porque los consejeros solo autorizaban el pago y era «el director general el que respondía de su legalidad». Era «un procedimiento escrupuloso con arreglo a la normativa, no era ni planteable que se estuviera haciendo algo distinto a lo que decía la norma». El exconsejero también ha señalado que «desconocía» que las ayudas no habían sido fiscalizadas, «ni lo sabía ni lo imaginaba. Nunca me podía imaginar que tenían algún tipo de ilegalidad».