«Lo primero que se quema en cualquier guerra son los registros de la propiedad», explica Ana Melero, experta de la dirección general de Memoria Democrática que tiene ahora como misión investigar la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante la Guerra Civil española (1936-1939) y hasta 1982, fecha en la que se da por consolidada de nuevo la democracia.
Su primera tarea será averiguar lo que hay y lo que se ha perdido. Estos documentos son importantes tanto para historiadores y estudiosos del periodo más controvertido de las Historia de España como para las víctimas y sobre todo, sus descendientes, porque solo así podrán reconstruir la historia y la memoria de quienes fueron silenciados para cimentar la dictadura de Franco.
Sobre todo, explica Melero, han desaparecido los documentos administrativos del territorio que quedó bajo control de la República. «¿Por qué faltan? En una guerra ocurren muchas cosas. Siempre hay pérdidas. Algunas deliberadas, como una destrucción. Otras no: el edificio que los guardaba se pudo venir abajo en un bombardeo».
Pero todavía ni siquiera se conoce qué se ha perdido. Los especialistas intuyen que pueden faltar centenares de metros lineales –se miden así o en número de cajas– de documentos, pero las lagunas más notorias todavía no han salido a la luz.
Ni siquiera se sabe qué documentos pueden suplir a los que faltan para poder reconstruir cómo era la vida y qué pasó antes de la destrucción bélica y las represalias. «Vamos a hacer un barrido sistemático, no una cata a ver qué puede faltar».
Paradójicamente, la labor represiva de Franco permitió conservar algunos documentos para luego utilizarlos contra sus víctimas.
«Nuestro objetivo», explica, es que cualquiera pueda acceder a la documentación. Lo primero es saber dónde está». Muchos de los legajos que se conservan están dispersos, por ejemplo, en los ámbitos de justicia militar. Lo primero es saber dónde están. La digitalización de este mar de documentos no es prioritaria, aunque sí la conservación de los documentos que estén en peor estado. Además, los papeles están dispersos por todo el Estado: en los años 30 solo había dos autonomías y fueron desmanteladas a sangre y fuego. Un mismo preso andaluz pudo recorrer las prisiones de media España.
«Hay una línea de colaboración con el Estado», explicó días antes del cambio de Gobierno, «pero no es fácil que el Ministerio de Defensa mantenga la puerta abierta».
En todo caso, las lagunas de mayor tamaño se esperan en los libros de cementerio, la documentación militar, la de las diputaciones y la de los órganos del Estado.
«Las ejecuciones no generaron mucha documentación», explica para no levantar falsas expectativas.
Sí puede que aparezcan más sorpresas con las incautaciones de bienes, una práctica habitual de los vencedores y que dejó en la indigencia a muchas familias de fusilados.
En todo caso, Andalucía no llega la primera. Se le han adelantado en esta labor precisamente las dos autonomías que destruyó Franco: Cataluña y el País Vasco, donde comisiones parecidas ya tratan de reconstruir qué fue de las víctimas de papel de la Guerra Civil.
