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José Antonio Viera a su llegada a los juzgados. / José Manuel Vidal (Efe)
Era la primera vez que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, considerado por la Guardia Civil el cerebro de la «trama» de los ERE, aparecía por los juzgados de Sevilla. Mucha expectación a las puertas del edificio judicial, al que volvieron las vallas, para una declaración muy previsible: Viera repitió los argumentos de Antonio Fernández, que no tenía conocimiento del ERE de Egmasa y que la competencia sobre las ayudas sociolaborales era de la Dirección General de Trabajo.
Viera eludió así toda responsabilidad del mismo, desvinculándose por completo de un ERE que supuso un desembolso para la Junta de 21,6 millones de euros. Una cuantía que, según ha dicho, conoció a través de la prensa. Fuentes del caso indicaron que el exconsejero responsabilizó de la concesión de las ayudas al director general de Trabajo, que entonces era Francisco Javier Guerrero, asegurando que este solo le informaba de los ERE más importantes, como el de la Faja Pirítica y Santana. Es más, Viera ha llegado a decir que ni siquiera sabía que existía un conflicto laboral en la empresa pública Egmasa. Asimismo, ha destacado que como presidente del IFA (luego Agencia IDEA) tampoco recuerda que en el Consejo Rector se diera cuenta de esta ayuda.
Antes de comenzar a declarar, con dos horas de retraso de lo previsto al demorarse los interrogatorios a cuatro testigos, la jueza le ha aclarado que está siendo investigado por los delitos de prevaricación y malversación de fondos. Al término de la misma, que solo ha durado 20 minutos, Viera no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación señalando que era ya «un jubilado más».
El interrogatorio –realizado solo por el fiscal– al exconsejero se produce dentro de un nuevo calendario de citaciones por el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. La instructora ha incluido a quince investigados y a dos testigos. Hasta ahora, Viera solo había declarado ante el Tribunal Supremo, el 15 de abril de 2015, ya que entonces era aforado, condición que perdió tras su renuncia al acta como diputado del Congreso el 24 de septiembre.
Entre los investigados por esta ayuda están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ya ha comparecido por este ERE y en otras cinco ocasiones más, y Guerrero, así como a dos de sus sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Rivera.
La magistrada entiende que en la concesión de esta ayuda «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que puede ser «causa de nulidad de pleno derecho». Así se recoge en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que explica que «no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo». La Intervención también señalaba que la Junta tampoco hizo un análisis económico para analizar si eran procedentes estas ayudas, ni se ha acreditado su carácter excepcional, ni existe solicitud formal por parte de los beneficiarios, ni resolución motivada sobre estas subvenciones.
La jueza explica que Egmasa presentó el 30 de junio de 2003 solicitud de ERE para la extinción de 373 empleos «por causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca». Todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, indica la jueza. Tras su ceses, fueron recolocados en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años.
Además, la instructora hace alusión a un «intruso» que se incluyó en el ERE sin trabajar en la empresa, Antonio Márquez García, un liberado sindical que cuando cesó en el sindicato en 2004 no fue readmitido. Dos años después, los directivos de Egmasa le buscaron una salida y simularon un despido improcedente, cobrando 120.000 euros de indemnización por despido, lo que a juicio de Núñez «superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta».