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El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, a su llegada hoy a los juzgados de Sevilla. / EFE
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha asegurado a la jueza María Núñez que desonocía por completo la ayuda otorgada por la Junta para el ERE de Egmasa, asegurando que la competencia sobre las ayudas era de la Dirección General de Trabajo, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero.Viera ha dicho que desconocía que había un conflicto laboral en esta empresa pública y que Guerrero solo le informaba de las ayudas importates como las de la Faja Pirítica o Santana. La magistrada le ha señalado que está siendo investigado por los delitos de prevaricación y malversación, según fuentes del caso.
Esta ha sido la primera vez que Viera es citado en el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga el caso, después de que tras declarar en el Tribunal Supremo perdiera su condición de aforado al renunciar a su acta de Diputado en el Congreso. El exconsejero estaba citado para ser interrogado exclusivamente por el ERE de 2003 de la empressa pública Egmasa, por el que la Junta pagó 21,6 millones de euros.Una declaración que finalmente ha comenzado con dos horas de retraso.
La declaración del exconsejeros se produce dentro de un nuevo calendario de citaciones por el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A.(EGMASA), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, la instructora ha incluido a quince investigados, nuevo término que sustituye al de imputado, y a dos testigos.
Entre los investigados citados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ya ha comparecido en seis ocasiones por el caso de los ERE, y el ex director general de la consejería Francisco Javier Guerrero, así como a dos de sus sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Rivera.
La magistrada entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que puede ser«causa de nulidad de pleno derecho».
Así se recoge en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se asegura que «no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo».
En este sentido, la Intervención también señalaba que la Junta tampoco hizo un análisis económico para ver si eran procedentes estas ayudas, ni se han acreditado su carácter excepcional, así como tampoco solicitud formal por parte de los beneficiarios, ni resolución motivada de las ayudas.
La jueza explica que EGMASA presentó el 30 de junio de 2003 solicitud de ERE para la extinción de 373 empleos «por causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan INFOCA».
Todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en Ayuntamientos y Diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, indica la juez.
Cuando cesaban en sus puestos, agrega la instructora, se les recolocaba en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años.
Además, la instructora hace alusión en su auto a un «intruso» que se incluyó en el ERE sin trabajar en la empresa, Antonio Márquez García, un liberado sindical que cuando cesó en el cargo en el sindicato en el año 2004 no fue readmitido. Dos años después, los directivos de la compañía le buscaron una salida y simularon un despido improcedente. Este también ha sido citado a declarar.
Para ello, pactaron en el CEMAC una indemnización por despido de más de 120.000 euros que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en una póliza colectiva, «indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta de Andalucía», según la jueza.