- Señal de Canal Sur Televisión | Juicio de los ERE
-
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves entra en la sala del juicio tras su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán. / Raúl Caro (Efe)
Mientras Sevilla se traslada durante una semana al Real de Los Remedios para disfrutar de su esperada Feria, en el Prado de San Sebastián se vivirá un momento histórico. El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años se sentará en el estrado para responder por el supueso fraude de los ERE que, según Anticorrupción, dilapidó 741 millones de las arcas públicas andaluzas. Manuel Chaves descargó toda responsabilidad en la Intervención General en su declaración ante el Tribunal Supremo, que luego ratificaría ante el juez Álvaro Martín.
La declaración de Chaves es, sin duda, el día más esperado en el juicio por la rama política del caso ERE, que sienta en el banquillo a un total de 22 ex altos cargos andaluces. Chaves ha sido el presidente por excelencia de la Junta, pues estuvo al frente nada más y nada menos que 19 años. Su sucesor, José Antonio Griñán, también se sienta en el banquillo y declaró el pasado miércoles. Griñán fue también consejero de Hacienda y defendió el papel de su departamento, derivando toda la responsabilidad en la Consejería de Empleo y, más concretamente, en la Dirección General de Trabajo, al frente de la cual estaba en ese momento Francisco Javier Guerrero.
Griñán también defendió que «no había malversación», un delito del que Chaves no ha sido acusado ni por Anticorrupción ni por el PP y Manos Limpias –el expresidente solo se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación–, pero también recalcó que «nadie nunca» le advirtió del fraude y que la Intervención General no requirió nunca que como consejero adoptara alguna medida, ni emitió nunca un informe de actuación porque «no detectó menoscabo».
Ese será precisamente uno de los argumentos que Chaves expondrá también este lunes ante el tribunal que juzga el caso. Así, de hecho lo hizo ante el juez Jorge Barreiro en el Supremo, y así lo ratificó el 16 de marzo ante Martín. Entonces reconoció que «conocía los conflictos», porque muchos de ellos los tenía «bajo el balcón», pero creía que el sistema que se utilizó para otorgar las ayudas sociolaborales era «legal». Y también dijo que «no tenía por qué conocer» el convenio marco de 2001, firmado por Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que este último pagaba las ayudas que otorgaba el primero.
Pero si Chaves está sentado en el banquillo es, fundamentalmente, por dos ERE: los de las empresa Bilore y la Faja Pirítica de Huelva, aunque ayer el PP denunció en un comunicado la vinculación del expresidente con el ERE de Fundaciones Caetano. Según el vicesecretario de Organización del PP-A, Toni Martín, esta empresa recibió un total de 3,6 millones de euros de la Junta en dos ERE, en 2004 y 2006, que afectó a 38 trabajadores. Martín puso el énfasis en que esta empresa pertenece a un familiar muy próximo a uno de los mejores amigos de Chaves, «la persona que le cede al menos desde 1996 el chalé en la playa de La Antilla en el que el expresidente pasa sus vacaciones».
El PP-A –que emitió el comunicado justo un día antes de su declaración sobre un asunto que, el ERE de Fundación Caetano es uno de los investigados, nunca antes había salido a la luz– aseguró que Chaves «debe explicar por qué la Junta concedió, sin procedimiento alguno, un ERE vinculado a la persona que le presta desde hace muchos años su chalé de veraneo, y que también le cedió una vivienda cuando el expresidente tuvo que abandonar el palacete en el que vivía». «Que lo diga mañana, porque es evidente que el asunto le señala directamente a él», añadió Martín.
Pero, seguramente no lo haga, porque no está en la causa y porque Chaves, como casi todos los acusados, solo contestará a Anticorrupción, a su abogado y al tribunal. Ellos le cuestionarán por el citado convenio, por las famosas transferencias de financiación –el sistema financiero por el que Empleo dotaba de fondos al IFA para que este pagara las ayudas–, por los informes con reparos de la Intervención y por los ERE de Bilore y la Faja Pirítica, pues existen documentos en los que los trabajadores pidieron ayuda directamente al entonces presidente andaluz.
En ambos casos, la situación se resolvió con la concesión de ayudas, pese a que, en el caso de la Faja Pirítica, se denunciaba en la carta que se estaban acogiedo a ERE personas que no habían trabajado allí.