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Javier Guerrero, uno de los principales acusados en la pieza política del caso ERE, hoy durante su intervención. / Efe
Al fin hemos escuchado declarar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que lo ha hecho para aclarar que él nunca dijo «que había un fondo de reptiles» porque eso hubiera sido admitir que habían «fondos reservados» cuando él disponía de una partida presupuestaria, aprobada por el Parlamento andaluz, para hacer frente a las ayudas sociolaborales. «Se han tergiversado mis palabras y se ha utilizado mucho en la prensa», ha asegurado sobre sus primeras declaraciones policiales y judiciales que no ha ratificado. La única que ha ratificado ha sido la que realizó ante la jueza María Núñez Bolaños en octubre de 2015 y cuya grabación se ha visto íntegra en la sala. «Los gobiernos andaluces con los que he trabajado son honestos», ha afirmado.
Guerrero ha tomado la palabra para ratificar esta declaración tras lo que ha contestado a las preguntas de su abogado, Fernando de Pablo. «No he ratificado las declaraciones anteriores porque había errores y palabras que no habían salido de mi boca», a lo que ha añadido: «Yo nunca he hablado de un fondo de reptiles, no podía hablar de un fondo de reptiles porque tenía una dotación económica que tenía un fin». «Se ha tergiversado mis palabras, y se ha utilizado mucho en la prensa, porque eso sería admitir que teníamos fondos reservados», ha aseverado.
El que fuera director general de Trabajo entre 1999 y 2008 ha explicado a la sala la «legalidad» de los fondos que fueron utilizados para otorgar las ayudas sociolaborales, que se nutrían de las partidas 22E y 31L que «cumplían todos los requisitos legales y que eran aprobadas todos los años por la Ley de Presupuestos del Parlamento de Andalucía».
En este sentido, ha añadido que «siempre» ha trabajado desde «la legalidad», amparado por dos órdenes ministeriales, «la de 1994» que regula las ayudas previas a los jubilados y «otra que regula las ayudas sociolaborales para personas con dificultades para volver al mercado laboral que es la de 1995»; además del convenio marco de 2001 (que fue firmado por los entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el entonces director y viceconsejero Antonio Fernández) que es el que «establece la forma de gestión de las ayudas individuales a trabajadores o a empresas en restructuración o en crisis».
«NO HAY INTRUSOS»
Sobre las ayudas, Guerrero ha indicado que se otorgaron más de 6.300 y para cada una de ellas «se abrió un expediente. Había 6.300 y pico expedientes, no hay expedientes colectivos, pues las ayudas se daban en función del salario y de la antigüedad», entre otros criterios. Así, ha recalcado que «no hay intrusos, esto fue un error administrativo de las aseguradoras. A este respecto ha señalado que pudo «haber numerado los expedientes», pero en cambio se optó por «darles el nombre de las empresas que más trabajadores aportaba, pero eso no quiere decir que los tres que venían de forma individual no tuvieran derecho». «No son intrusos, son personas individuales sin derecho a trabajo que cumplían los requisitos al igual que los de los colectivos», añadió.
Asimismo, ha destacado que la Cámara de Cuentas «no puso ningún reparo» al pago de estas ayudas hasta que «saltó en la prensa el mal llamado caso de los ERE, porque una cosa son los expedientes de regulación de empleo y otra las ayudas sociolaborales». Además, ha destacado que en aquel momento la situación laboral de Andalucía era de gran conflictividad laboral, enumerando empresas como Altadis, la Faja Pirítica de Huelva o Astilleros. «Parece que hemos rico a muchos prejubilados, cuando son gente que no cobraron más de mil o 1.200 euros mensuales entre lo que aportaba su empresa y la Junta» y ha añadido que gracias a esto «la Seguridad Social ingresó más de 200 millones de euros, que no es baladí».
Su declaración la culminó destacando que «todos los gobiernos de la Junta de Andalucía» en los que ha estado, tres en total, «han sido muy honestos y conscientes de la realidad andaluza». «Llevo muy a mérito haber pertenecido a ellos, al igual que toda la gente que han formado parte de ellos», sentenció.
Guerrero también quiso precisar algunas cuestiones de su declaración ante la jueza Núñez, como que ha confundido a uno de los asistentes a una reunión en Economía para tratar un informe de la Intervención, y tras ver al que fuera director general de Presupuesto Antonio Lozano en la sala, «no es esta persona la que acudió». Asimismo, sobre Viera también ha precisado que él como sevillano se interesaba por asuntos de su provincia y que en el caso de la Sierra Norte «no fue una imposición, sino un comentario», para poder poner en marcha un proyecto que sacara rédito laboral en la zona aprovechando el sector del cerdo ibérico.
DISCULPA DEL SECRETARIO
Por otro lado, al comienzo de esta jornada el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha trasladado las disculpas del secretario, Rafael Castro, por «su actitud ayer durante la lectura», ya que hubo un momento en el que se negó a continuar leyendo la declaración de Guerrero, al considerar que «no era necesario» leer las preguntas que este no quiso contestar en su momento a la Fiscalía.
Asimismo, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha comunicado al tribunal que este se encuentra hospitalizado y que «probablemente deba ser intervenido quirúrgicamente». La letrada ha aportado la documentación y por el momento no ha solicitado la suspensión del juicio a la espera de la evolución del estado de salud.