Zarrías desconoce el sistema de ayudas sociolaborales pero defiende que era «público y notorio»

El turno para el número dos del Gobierno de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, quien ha comenzado su declaración en el juicio por la rama política de los ERE ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo «en términos generales», aunque ha precisado que «puede que haya alguna imprecisión» porque entonces no estaba personado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y «había cosas que desconocía». El que fuera consejero de Presidencia entre 1988 y 2009 ha destacado que las ayudas sociolaborales que ahora se cuestionan eran «pública y notarias», al contrario de lo que la Fiscalía Anticorrupción cree, pues siempre ha defendido que se otorgaron a personas y empresas vinculadas con el PSOE y el Gobierno andaluz. También ha desvinculado al Consejo de Gobierno del sistema de los ERE y de su financiación. Ya por la tarde, Zarrías ha negado que intercediera para que se otorgaran ayudas a determinadas empresas.

Zarrías ha explicado que durante varios años Andalucía vivió un momento de «crisis social y empresarial» y eso «tenía su repercusión en el Consejo de Gobierno y el Parlamento». La Fiscalía Anticorrupción le ha preguntado entonces si en estas reuniones o si por parte del presidente de la Junta, entonces Manuel Chaves, se dio algún tipo de directriz de actuación. Zarrías ha asegurado que «no se dieron directrices concretas», sino que cada consejería hizo su trabajo siempre con el «objetivo principal era salvar a la empresa en crisis, manteniendo la actividad y los puestos de trabajo directos e indirectos».

Anticorrupción le ha preguntado entonces si conocía las dos órdenes ministeriales de los años 1994 y 1995, en las que según las defensas se sustentaba el sistema de los ERE, sobre la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores, a lo que ha contestado que no pero «sí sabía que en Andalucía y en el Gobierno había ayudas de apoyo». El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha insistido entonces en si hubo «directrices precisas» para otorgar este tipo de ayuda, a lo que el ex alto cargo ha contestado que «las ayudas tenían un papel secundario, pues lo principal era mantener la actividad laboral, cuando se acudía a las ayudas era porque se había fracasado». Zarrías ha dicho que tampoco recuerda «como se articulaba el procedimiento» para otorgar estas ayudas, «lo que sí recuerdo es que eran competencia de la Consejería de Empleo».

El número dos de Chaves, que ha seguido atento la declaración del que fuera su mano derecha durante su mandato, ha puesto como ejemplo el conflicto laboral de Santana Motor y como «cuando se marcharon los japoneses, lo que se hablaba en el Consejo de Gobierno era de mantener la actividad y seguir haciendo coches, no se habló de ayudas sociolaborales». De este modo, ha sostenido que ni en la comisión de viceconsejeros ni en el Consejo de Gobierno se llevaron las ayudas concretas, convenios y mucho menos «de cantidades concretas». Sobre Santana, cuyo accionariado llegó a ser cien por cien de la Junta, también ha dicho que este conflicto conllevó numerosos viajes a Japón y reuniones con el Gobierno y que se otorgaron ayudas, algo que era «conocido por el Consejo de Gobierno, el Parlamento y todos los andaluces».

De hecho ha asegurado que la existencia de estas ayudas sociolaborales a las que podían acceder trabajadores excluidos del mercado laboral era «público y notorio», pues, aunque ante la presión de fiscal ha tenido que reconocer que desconoce qué norma regulaba los requisitos, ha mantenido que era una cuestión recogida «en los programas electorales, en los debates parlamentarios, en los acuerdos de concertación». «Era público y notorio que existían esas ayudas», ha insistido. «A través de las redes sindicales», ha señalado al ser preguntado de nuevo por el fiscal, que mantiene que estas subvenciones carecían de publicidad y nunca fueron publicadas en el BOJA, por cómo podía consultar un trabajador si tenía de derecho a sus ayudas. Zarrías tampoco sabe cuál es el perfil del trabajador que se podía acoger a estas ayudas «porque no era algo en lo que yo participara». Eso sí, ha insistido en que «estaban reguladas» por distintas leyes.

Así, en la sesión de la tarde y al ser preguntado de nuevo por la Fiscalía, Zarrías ha señalado que las ayudas estaban reguladas por la Ley de Presupuestos, la Ley de Hacienda, las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 a este respecto y la Ley de Subvenciones excepcionales y un «decreto que yo mismo firmo a instancias de las consejería de Hacienda y de Justicia e Interior. En este sentido ha puntualizado que este tipo de ayudas tienen un «carácter excepcional», pues se otorgaban para «situaciones excepcionales» como era empresas que entraban en crisis. «Los problemas surgen cuando surgen, en Lorca no había un cartel diciendo que se puede acceder a ayudas cuando ocurre un terremoto», le ha contestado al fiscal. Este a su vez le ha preguntado cuál es el carácter de excepcionalidad de unas ayudas que se repartieron durante diez años y más de 270 empresas. «Yo, lo que conozco, eran casos excepcionales de empresas en crisis», que acarreaban un problema sociolaboral. «El resto de ayudas no puedo decir nada porque desconozco a quién se las dieron y cómo fue el procedimiento», ha señalado.

Zarrías ha insistido en que desconocía el procedimiento que se siguió para otorgar las ayudas y como se financió. Así, ha señalado que desconocía «las nomenclaturas «de los programas 22E, primero, y luego 31L de la que salieron los fondos, así como que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se convirtió en la «caja pagadora» de los ERE por el sistema de las transferencias de financiación. Sobre este aspecto ha explicado que «la naturaleza jurídica» de las transferencias de financiación lo ha conocido «con este procedimiento» y que entonces lo que sabía es que «era el mecanismo para legar fondos de las consejerías a entes instrumentales, en mi consejería por ejemplo se hacía con la RTVA».

Es más, tampoco conocía que existiera un convenio firmado en julio de 2001 por el IFA y la Consejería de Empleo, siendo consejero José Antonio Viera y viceconsejero Antonio Fernández, para agilizar las ayudas y que el pago de las mismas se realizara a través del IFA. «¿No fue informado por Fernández de la firma de ningún convenio?», le ha preguntado el fiscal, quien ante la negativa de Zarrías le ha cuestionado si es que este mintió. «Ningún convenio pasaba por la comisión de viceconsejeros, menos aún uno como este entre órganos de la misma consejería», ha zanjado.

Igualmente, ha dicho que aunque sabía que a los trabajadores se les pagaba una renta hasta la jubilación, «desconocía» que se hacía con pólizas suscritas con dos aseguradoras, cuyo nombre no había escuchado hasta que se abrió el caso ERE. Zarrías ha contestado seguidamente con varios «no me consta» a las preguntas del fiscal sobre las comisiones cobradas por los sindicatos, así como las minutas que se pagaron a varios despachos de abogados, o que con fondos de la partida 31L se subvencionaron otras cuestiones como ferias de empleo, aunque a su juicio esto «entraría dentro de los objetivos de esta partida, al ser una actividad para promover el empleo». Tampoco le consta que el exconsejero Fernández estuviera incluido en el ERE de González Byass.

Zarrías también ha negado su intervención en favor de alguna empresa para lograr o agilizar ayudas sociolaborales ni como consejero de Empleo ni como diputado por Jaén. «Nunca», ha enfatizado tras explicar que «en 27 años de dirigente político me he reunido prácticamente con todo el mundo, con empresarios y sindicatos que me planteaban problemas laborales», ha destacado. En este sentido, ha negado, tras mostrarle una carta en la que se le citaba, que «nunca le ha dicho a nadie que íbamos a pagar las nóminas de nadie, ni de Primayor (una de las empresas de Jaén que recibió ayudas de los ERE) ni de nadie» . «A veces se usa en vano el nombre del consejero de Presidencia, del presidente o del fiscal», ha añadido.

El exconsejero de Presidencia también ha incidido en que «nunca» se reunió con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que «nunca» tramitó ninguna ayuda, ni ningún convenio, más allá de reunirse con empresarios y sindicatos para intentar llegar a una solución. Asimismo, ha negado que le ofreciera a la familia Ruiz Mateo un ERE para «aliviar plantilla» cuando se reunió con ellos cuando estos iban a montar una planta de alimentos precocinados en Jaén.

Como hayan dicho el resto de acusados, Zarrías también ha asegurado que tampoco conocía los reparos de la Intervención General. «Nunca tuve conocimiento de ningún reparo, es más no tuve ningún reparo de la Consejería de Presidencia, y si no los tuve de esta no lo tuve de ninguna otra. No se informaba de los reparos en la comisión de viceconsejeros, no tuve conocimiento de ninguno ni en el Consejo de Gobierno ni las comisiones de viceconsejeros, ha señalado. A preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, ha recalcado que «en quince años en el Gobierno andaluz, nunca nadie me advirtió de que se estuviera cometiendo algún delito».

Sobre la financiación, el exconsejero ha dicho también que las modificaciones presupuestarias eran algo «habitual» y que cuando estas se elevaban al Consejo de Gobierno era porque tenían «todos los informes preceptivos», aunque estos no se adjuntaban. Cuando ha sido preguntado por alguna en concreto, Zarrías ha recordado que como consejero de Presidencia entre 1988 y 2009 presidió unas 750 reuniones, con unos diez o quince puntos cada una de ellas. «Yo no sé decirle ahora lo que ocurrió en la sesión del 18 de abril».

El juicio por el procedimiento específico de los ERE se retomará el próximo lunes 28 de marzo, Lunes Santo, con la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que se ha venido posponiendo por sus problemas de afonía. Tras él, llegará el turno de los dos expresidentes andaluces que se sientan en el banquillo José Antonio Griñán, en primer lugar, y Manuel Chaves. Sus interrogatorios serán ya con toda probabilidad para después de Semana Santa.