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Fachada de la nueva cárcel Málaga II en la localidad de Archidona. / Carlos Díaz (Efe)
El Ministerio del Interior confirmó ayer que 497 personas llegadas este fin de semana a las costas de Murcia ya han sido alojadas en la cárcel de Archidona (Málaga), que aún no ha sido inaugurada, en una medida «excepcional» que se prolongará durante 40 días. El número de traslados irá en aumento a medida que los siete juzgados de Murcia que toman declaración a los rescatados tramiten los expedientes.
La decisión del Gobierno ha sido ampliamente por colectivos sociales, partidos políticos y administraciones implicadas como la Junta de Andalucía. Unidos Podemos ya ha pedido la comparecencia inmediata del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique un traslado «que atenta contra la dignidad de las personas». El ministro justificó ayer el traslado al centro penitenciario porque «el sistema se ha saturado» debido a la enorme presión migratoria que se está produciendo en las costas españolas en las últimas semanas. «Mientras se tramita la devolución a sus países, que estén en un sitio donde hay ducha, calefacción y zonas de esparcimiento». El ministro aseguró que la medida cuenta con la autorización previa de los jueces e informes favorables de la Fiscalía.
El sindicato de prisiones Acaip no opina igual y apuntó a una «actuación deliberada» para «engañar» o darle una información errónea a los juzgados de Almería y Murcia sobre el centro de Archidona (Málaga) al que autorizaban el traslado de los inmigrantes llegados el pasado fin de semana.
El presidente de Acaip, José Luis Pascual, manifestó a Efe que en los autos de los juzgados de estas dos provincias se señala que los inmigrantes serán internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, el cual «nunca ha existido»
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) puso en duda las condiciones que van a tener los 497 personas argelinas que ya han sido ubicadas en la nueva cárcel de Archidona. CEAR reclama que se pongan en marcha otras medidas alternativas que no sea el internamiento en un centro de estas características, ya que se trata de un edificio construido para albergar población reclusa.
Una veintena de organizaciones sociales avisaron ayer que emprenderán acciones legales ante la práctica «absolutamente ilegal» del internamiento. Todas ellas han recordado que la ley «impide» que los Centros de Internamiento de Extranjeros tengan «carácter penitenciario». Andalucía Acoge calificó de «inadmisible» y «total vulneración de los derechos humanos» la decisión del Ministerio del Interior. El colectivo calificó de «preocupante» que en el presente caso «no solo el delegado del Gobierno en Murcia haya señalado en sus declaraciones que existen plazas libres en las instalaciones de la Región, sino que además no exista certeza en cuanto a la disponibilidad de plazas en los diferentes Centros de Internamiento distribuidos en el territorio nacional
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, mostró su «preocupación y sorpresa» por la decisión del Ministerio del Interior, algo «prohibido» por la legislación española. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, se manifestó en la misma línea al no considerar «adecuada» la cárcel de Archidona para el internamiento de inmigrantes.