A la espera de que el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa de los EREs que afecta a los aforados, decida sobre su comparecencia o no, tal y como lo ha solicitado José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, acude a primera hora de cada día a su puesto de trabajo como profesional de la Medicina en un Centro de Salud de Sevilla. Ajena ya a todo ajetreo político, la que ha sido, probablemente, una de las mujeres con más poder en Andalucía, se esfuerza para adaptarse a la nueva realidad profesional que afronta con el inevitable reciclaje que se requiere para atender debidamente a sus pacientes. Alguien podría pensar que ella, que lo ha sido todo en la Junta asumiendo entre otras responsabilidades la de acometer una reforma de la administración pública andaluza muy contestada internamente por su sus empleados, podría haberse preparado un destino algo más cómodo, un puesto, tal vez, fuera del alcance de los enfurecidos funcionarios autonómicos que no le guardan especial afecto que digamos.
Podría ser, en fin, que determinados responsables de su partido o del Gobierno repararan en este simple detalle para situarla en otra posición aunque sólo fuera para obtener así de ella un mayor rendimiento dada su valiosa experiencia en la gestión pública y sus amplios conocimientos. Pero a lo que se ve nadie ha caído en la cuenta y ha regresado a sus inicios profesionales ocupando su plaza en el SAS. Conociéndola como se la conoce, difícilmente hubiera aceptado otra propuesta en aplicación del viejo sistema de «puerta giratoria» sacando así ventaja adicional de su privilegiada trayectoria pública, No iría con su estilo, como tampoco, el gesto de auxilio o cobertura del PSOE hacia aquellos de los suyos que caen salvo casos muy excepcionales y entre los que no se encuentra, que sepamos.
Por ello, tendrá que resignarse a soportar estoicamente las invectivas de algún impertinente que otro que aún tiene acumulado determinado resentimiento hacia la que quiso meter en cintura tanto organismo público, tanto empleado recalcitrante a asumir reformas. Un clima, desde luego, poco favorable para soportar, en definitiva, el cambio radical que ha sufrido en su trayectoria: de estar en la cima a verse casi arrinconada y con su fama y honor en entredicho. No es, desde luego, una historia nueva. Bajo esas duras circunstancias se encuentran otros, en su momento, altos cargos de la Junta que dieron lo mejor de sí en favor de una acción pública en la que siempre creyeron y que ahora se ven atrapados en una tupida maraña de diligencias, inculpaciones, embargos, costosas facturas de abogados o paseíllos al juzgado de turno. Un proceso parece que interminable que se está llevando por delante, también, la salud de más de uno de los implicados y sus allegados más cercanos. Una pesada carga, en fin, que habrán de llevar en la más absoluta soledad sin ni siquiera un mínimo gesto de comprensión o apoyo moral de esos que no cuestan dinero pero que reconfortan, al menos.
Esta doctora, que es artífice destacada de la construcción del modelo de Salud Pública con el que contamos en Andalucía así como de las ordenadas cuentas de la Hacienda andaluza, que ya es decir, tiene ahora que apechugar con lo peor que podría esperar para este tramo final de su carrera. Ha de agotar con dignidad esta última etapa en el ostracismo o, cuanto menos, con la indiferencia de los que un día fueron sus compañeros de viaje. Corre así la suerte de otros muchos empezando por los que fueron sus máximos responsables, Chaves y Griñán y terminando por los más humildes delegados provinciales de la Junta. Aquellos que no se han preocupado lo más mínimo por su destino, o el de otros tantos triturados por el escándalo, pueden sentirse aliviados porque, de momento, han salido indemnes y porque, en el fondo, saben que nunca traicionarán la confianza que en su día depositaron en ellos.
En la cuneta están quedando muchos, malheridos, arruinados, poco menos que apestados y sin que nadie tenga en cuenta lo que han sido y lo que han podido aportar al servicio de los andaluces. Su error ha sido que han formado parte de un sistema que lo intentó todo para salvar a Andalucía del declive masivo que le afectaba. La justicia tiene la ultima palabra, sí , pero el silencio y el vacío de muchos ya ha hecho lo suyo.