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Manuel Ruiz de Lopera, Manuel Morales y Hugo Galera, el 30 de junio de 1992 / El Correo
Manuel Ruiz de Lopera no pagó más de la mitad del capital social que le permitió convertirse en dirigente y dueño del Betis desde 1992 a 2010. Así lo considera probado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, que ha dictado al fin su sentencia sobre la propiedad del 31,38% del capital social del club verdiblanco, aunque no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia. El juez Francisco Javier Carretero estima parcialmente la demanda de diecisiete accionistas béticos que dudaban de la legitimidad de ese paquete y decreta la nulidad de su suscripción por parte de Farusa. El motivo: «Las acciones no fueron desembolsadas con dinero efectivo externo al Betis el 30 de junio de 1992». En cristiano, la empresa de Lopera no puso ni un euro para su adquisición. La resolución, basada en gran parte en el informe pericial de José Luis Mauri, implica la desaparición de 36.869 acciones, así que el club deberá acudir ahora a una ampliación de capital para cubrir los 2.576.478,79 euros en que estaban valoradas esas acciones.
El caso fue abierto por accionistas del Betis que representan todas las tendencias del movimiento contrario a Lopera. Son los siguientes: Manuel Serrano, Ignacio Ayuso, Miguel Cuéllar, Raúl de la Peña, José Díaz, Ricardo Díaz, Ricardo José Díaz, Manuel Díaz, Francisco Galera, Luis Morón, Juan Luis Periáñez, Francisco Javier Rodríguez, Juan Manuel Rufino, Juan Salas Rubio, José Manuel Serans, Emilio Soto e Íñigo Vicente. La defensa trató de deslegitimarlos, pero el juzgado lo rechaza por «absolutamente sorprendente» y habla de «una argumentación que se aproxima al abuso de derecho».
El acuerdo entre Lopera, Oliver, el Betis y dos de las tres plataformas incluía este paquete de acciones entre las cedidas al Betis a cambio de algo más de 15 millones de euros (más de 8 para Lopera y 6,5 para Oliver), aunque los firmantes del pacto informaron de que el club abonaría esa cuantía por las 20.000 acciones no discutidas (el 19,96%), ya que el 31,38% en litigio es cedido gratis al club.
El juicio de este caso se celebró a finales de marzo de 2015 y quedó visto para sentencia... el 28 de diciembre de 2016. El motivo fue la sucesión de peticiones de suspensión y recursos de reposición planteados por las defensas de Farusa, Lopera y Bitton, todos desestimados, por no hablar de la negativa de Farusa a un requerimiento del Banco de España o la negativa de cuatro peritos a verificar si una firma de Hugo Galera fue falsificada. El juzgado incluso llegó a recordar a los abogados «su obligación de actuar sin formular incidentes dilatorios». En general deja en mal lugar a los demandados por su «insuficiente actividad probatoria». O sea, que aportaron pocas pruebas o ninguna.
El magistrado, por tanto, considera probado que Lopera, a través de Farusa, realizó «una simulación absoluta» de compra. Por esa «subrogación ficticia», Lopera hizo creer que el Betis debía el dinero a Farusa cuando en realidad se lo debía a las cajas de ahorros. «Si bien se genera en la contabilidad la apariencia de que la entidad ya no tiene una deuda con las entidades bancarias sino con Farusa, la realidad es muy diferente. El Betis sigue siendo acreedor del préstamo con las entidades», determina Carretero.
En el caso de las 6.000 acciones de Manuel Morales y José León, «la simulación absoluta es aún más llamativa» y su «autoría corresponde a Lopera a través de su entidad Farusa, sin duda la gran favorecida». «Se genera de forma ficticia una deuda con el Betis que posteriormente es asumida por Farusa a cambio de las acciones [...]. Es decir, Farusa recuperó gran parte del desembolso con posterioridad al 30 de junio de 1992 sin desembolsar efectivo dinerario alguno», insiste el juez, que también plantea «dudas» sobre el 19,96% restante en poder de Farusa, que es el eje del pacto entre el Betis, Lopera y Oliver y por el que los béticos acabarán pagando unos 15,5 millones de euros a los dos exdirigentes.