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Ernesto Sanguino, Juan Carlos Ollero, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, en la última junta de accionistas. / M. Gómez
El pasado 22 de septiembre, el día antes de la junta de accionistas en la que Haro y Catalán derrotaron por escaso margen a Lopera y Castaño, estuvo a punto de cerrarse un acuerdo extrajudicial entre Lopera y las partes demandantes que hubiera puesto fin a los pleitos y devuelto el 51 por ciento de las acciones de Farusa a los béticos, a cambio de retirar todas las acusaciones y canjear las posibles indemnizaciones que le cayeran por acciones.
El protocolo de acuerdo de punto final, promovido por el ex presidente Juan Carlos Ollero y en el que también participó activamente el consejero Ernesto Sanguino, entre otros, contaba con el apoyo de la Liga de Juristas Béticos pero encontró la oposición frontal de la asociación Béticos por el Villamarín, por lo que finalmente no llegó a firmarse. Esas negociaciones, de todos modos, nunca quedaron rotas y en los últimos días, de hecho, se habían vuelto a retomar los contactos entre los abogados de las partes, que parecen condenadas a entenderse, aunque habrá que ver la postura de Lopera tras la sentencia del concursal, que le inhabilita por ocho años pero le exime de tener que pagar indemnizaciones. En este sentido, los parámetros de la negociación pueden variar sustancialmente.
El principio de acuerdo contemplaba varios puntos: Farusa (Lopera) vendía al Betis el 19,9 por ciento de sus acciones que no están en litigio a 75 euros cada una (costaron 60 en 1992) por un total de 1,7 millones de euros, a pagar en seis meses. El Betis recibía también el 31,38 por ciento de las acciones litigiosas del Mercantil a cambio de la multa que pudiera haberle caído a Lopera en el concursal, donde se le pedían 23 millones pero ha quedado exento de pagar. Las hubiera devuelto gratis en este caso. Ese 51 por ciento de acciones el Betis lo vendería entre sus socios de manera equitativa, sin derechos de suscripción preferente y con el compromiso de no ser transmitidas a terceros en siete años, para evitar especulaciones. A cambio, todas las demandas por vía civil y penal serían retiradas.
Este acuerdo no contemplaba a Bitton Sport, con quien debería entenderse Lopera, aunque en las últimas negociaciones entre los abogados de las partes (los de Lopera son los del bufete Montero Aramburu) también se quiere resolver esto. Oliver ha pedido en varias ocasiones dinero a cambio de quitarse de enmedio. Ya ha sido multado con un millón de euros por la vía concursal y por el caso saqueo se le piden varios millones más y seis años de cárcel.