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Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, el 7 de julio de 2010, cuando anunciaron el traspaso de las acciones. / Javier Cuesta
Luis Oliver ha enviado al juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla un escrito en el que quiere personarse como “parte demandada adhesiva” en el juicio por la titularidad del 31,38% de las acciones de Farusa, que 17 accionistas béticos denunciaron que no fueron suscritas por Lopera en su día y que está pendiente de sentencia. Oliver, como titular de ocho acciones, asegura que se vería privado del derecho de suscripción preferente y no podría adquirir dos acciones más con las que poder acudir a la junta de accionistas. Con todo, lo más destacado del escrito de Oliver es otro que acompaña del CSD en el que este dice claramente que no se pronunciará sobre la transmisión de acciones de Farusa a Bitton, ya que al estar el 31,38% “indisponibles” por mandato judicial, “la solicitud realizada por Bitton quedaría reducida a la transmisión del 19,62% del capital de dicha SAD por lo que de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1251/1999 sobre sociedades anónimas deportivas, dicha adquisición de acciones no sería acreedora de autorización administrativa”, al ser inferior al 25% del capital social.
Esta maniobra de Oliver parece ir encaminada a su deseo de participar en las posibles negociaciones extrajudiciales de las plataformas demandantes con Lopera para tratar de sacar provecho de las mismas, en caso de que le dieran la razón en la supuesta compra del paquete accionarial de Farusa..
En el Juzgado de lo Mercantil 1 se dilucida si el 31,36% de las acciones del Betis son de Farusa o deben volver al club ya que no fueron desembolsadas en su momento. Esas acciones están cautelarmente suspendidas, aunque Lopera ha pedido ya varias veces el levantamiento de las cautelares.
En el Juzgado de primera instancia número 10, por otro lado, se ha de resolver si la venta de Lopera a Oliver es válida o no, aunque si el Mercantil 1 desposee a Farusa del 31,36% lo que estará en discusión será solo el 19,62% del accionariado, porcentaje que, como se vio en la pasada junta de accionistas, es insuficiente para gobernar el club y que ni siquiera requiere la autorización del CSD para su visado. De ahí que el CSD, al tanto de todos los procesos judiciales en torno a las acciones del Betis, haya comunicado a Bitton, con fecha del 22 de septiembre, que resuelve “la terminación del procedimiento de autorización de acciones del Real Betis Balompié SAD, iniciado por la mercantil Bitton Sport, ante la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas al haberse reducido el porcentaje de acciones por debajo del mínimo establecido para el otorgamiento de autorización”.
Si el Mercantil 1 desposee a Lopera de su 31,38%, lo que quedaría en discusión en el juzgado nº 10 entre Farusa y Bitton sería solo el 19,62%, de ahí la voluntad de Lopera de tratar de cerrar un acuerdo extrajudicial antes de que se conozcan estas sentencias, que podrían dejarle sin ‘argumentos’ para negociar una rebaja de las penas de cárcel -hasta 14 años- que se le solicitan por la vía penal por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y alzamiento de bienes, de lo que también se acusa al propio Oliver y se le piden 11 meses de cárcel por dicho motivo.