Ni dos semanas después del juicio para la calificación de su concurso de acreedores, el futuro del Betis vuelve a escena en el Juzgado de lo Mercantil número 1, que entre hoy y mañana tratará algo incluso más importante, ya que atañe a la composición accionarial de la sociedad anónima deportiva (SAD). En otras palabras, está en juego la mayoría absoluta de Manuel Ruiz de Lopera en su capital social.
A las 10.00 empieza el juicio por la demanda interpuesta por diecisiete accionistas del Betis contra Farusa, es decir, Lopera, porque dudan de que 36.869 de sus 60.327 acciones sean legítimamente suyas. Por eso piden la nulidad de ese paquete. El caso es trascendental. Si la demanda tiene éxito, Lopera perderá la mayoría que ostenta ahora (51,34%) y se abriría otro horizonte en la SAD.
Farusa, según los denunciantes, adquirió 30.869 acciones en 1992 mediante la subrogación de un préstamo de 308 millones de pesetas que El Monte y Caja San Fernando concedió al Betis y que presuntamente fueron utilizados por Farusa para adquirir todas esas acciones, que suponen el 31,38% del capital social del club, según consta en un informe pericial presentado ante la jueza Mercedes Alaya. Ni siquiera los denunciantes descartan que Farusa pagase más tarde ese dinero, pero creen que no lo hizo cuando se constituyó la SAD.
Las otras 6.000 acciones bajo sospecha (de la 55.351 a 58.350 y de la 61.667 a 64.666) eran del expresidente José León y el exdirectivo Manuel Morales. Farusa las obtuvo en 1995: según la demanda, con un préstamo impagado a Unicaja incluido en la deuda que asumió el plan de saneamiento.
Hay más. Por un lado, los demandantes piden que un administrador judicial controle esas acciones si se levantan las medidas cautelares que mantienen embargado todo el paquete de Farusa por mandato de Alaya desde 2010. Por otro, estos accionistas sospechan que otras 11.424 acciones fueron pagadas por Farusa con tres pagarés procedentes del club, así que este capítulo derivaría en otra demanda si la que hoy llega a juicio se saldase con una sentencia contra Lopera.
La demanda fue presentada en mayo de 2012 y fue estimada por el juzgado un mes y medio después, pero el colapso judicial ha provocado que pasen casi tres años antes del juicio. La base de la denuncia es un conjunto de autos de Alaya, todos enmarcados en la causa penal que sigue contra Lopera en el Juzgado de Instrucción número 6, en los que la jueza daba a entender o aseguraba que el máximo accionista del Betis adquirió títulos sin desembolsar dinero suyo, sino con fondos del club.
Como la Audiencia Provincial impidió a la magistrada extender su investigación hasta 1992, estos béticos decidieron interponer esta demanda civil, matiz también clave: por la vía penal, Lopera podría haber sido condenado incluso a la cárcel pero las acciones seguirían siendo suyas; por la civil sí puede perderlas. En ese caso, el club las recuperaría para que fuesen suscritas por otros accionistas. El trasfondo es la democratización de la entidad.
Los demandados son Farusa, Lopera, el Real Betis Balompié; José León y su esposa (Mercedes Hidalgo), la herencia yacente de Manuel Morales Luna (fallecido en mayo de 2012); Hugo Galera (último presidente del Betis antes de su conversión en SAD); y los exdirectivos Francisco Sánchez y Juan Márquez Medrano.
El juicio comienza este lunes por la mañana. En teoría, comparecerán Lopera, León, Galera, Sánchez y Guillermo Molina, representante legal de Farusa. De todos los denunciados, el único que seguro que no declarará es Márquez Medrano.
A lo largo de la vista también declararán cinco testigos y dos peritos, uno a favor de los demandantes y otro en nombre de Farusa, en concreto Julio César Calvo Malvar, que ya intervino en el juicio de la calificación a favor de Lopera y Oliver.