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Luis Oliver -derecha- junto a su amigo el empresario Mario Conde -hoy en prisión de nuevo- y Eduardo Peña -izquierda- en el palco del Benito Villamarín. / EDD
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de apelación presentados por José León, Jaime Rodríguez-Sacristán e Isabel Escrig, todos ellos imputados en una pieza separada del caso Lopera que instruyó la juez Mercedes Alaya por colaborar con Luis Oliver en el denominado ‘caso saqueo del Betis’, en el que se acusa al navarro de llevarse más de 1,5 millones de euros del Betis a través de las comisiones por los traspasos de Sergio García o Mehmet Aurelio, así como otra serie de pagos que salieron del club por trabajos no realizados.
En un auto emitido en marzo de 2014 por el juez Álvaro Martín se piden seis años de prisión más accesorias para el empresario navarro por un presunto delito de apropiación indebida continuada o de cuatro en el caso de que se tipificara finalmente como un delito societario, a lo que se le sumaría el presunto delito de blanqueo de capitales, que conllevaría dos años, nueve meses y un día para Oliver, así como una multa de más de 1,6 millones de euros.
José León y Jaime Rodríguez Sacristán, que fueron presidentes del Betis durante el periodo en el que Luis Oliver hizo y deshizo al frente del club a su antojo, fueron denunciados por “cooperadores necesarios para la comisión de los delitos” y el recurso que presentaron contra su imputación ha sido rechazado ahora por la Audiencia en un auto con fecha 28 de abril de 2016. A León y Sacristán les piden más de tres años de cárcel por este caso y multas superiores al millón de euros en ambos casos. Aparte por responsabilidad civil se le pide a Oliver, León y Rodríguez-Sacristán, con carácter solidario, que indemnicen al Betis en la cantidad de 1.174.000 euros.
EL SAQUEO DE OLIVER
Luis Oliver, que en el año 2010 compró a Lopera sus acciones en el club deportivo y durante algunos meses fue su máximo accionista, fue acusado del cobro de comisiones millonarias en el traspaso de los jugadores Mehmet Aurelio y Sergio García y por contratar servicios de auditoría y consultoría a empresas de su entorno, pese a que el Betis disponía de tales servicios.
Por el traspaso de Mehmet Aurelio el Betis tuvo que pagar 354.000 euros y por el de Sergio García 589.000, cantidades que acabaron revirtiendo en empresas vinculadas al propio Luis Oliver, según se recoge en el auto del juzgado de instrucción número 6. En el mismo, también se constata el cobro por parte de Oliver de 146.200 euros a través de Orion Consultoria y Gestión por ‘servicios de asesoría’ y el pago de 35.500 euros por parte del Betis a la empresa auditora Deleytax Auditores por una ‘due diligence’ sobre las cuentas del Betis que debió haber abonado la sociedad Bitton Sport, y no el propio Betis.
Los gastos, que según la acusación eran injustificados, dieron lugar al despido de trabajadores de plantilla del Real Betis y se aprobaron con el consentimiento del entonces Consejo de Administración. León declaró como imputado en octubre de 2013 y afirmó al juez que en aquella época se hacía en el club lo que decidía Oliver, igual que antes se hacía según las decisiones de Manuel Ruiz de Lopera, anterior máximo accionista.