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Looera y Oliver, en una imagen de archivo. / El Correo
Las posturas entre Manuel Ruiz de Lopera y parte de los accionistas béticos con los que mantiene una dura pugna judicial desde hace años están tan cerca que todo hace indicar que el acuerdo definitivo puede producirse en breve. Por Nuestro Betis (PNB) y la Liga de Juristas Béticos (LJB) parecen decididos a firmar con Lopera y Luis Oliver un trato por el que el primero recibiría casi 9 millones de euros y el segundo, que a su vez mantiene un litigio con Lopera por el traspaso de su paquete accionarial, se embolsaría en torno a seis kilos.
De firmarse el trato, el 51,34% de las acciones dejaría de pertenecer a Oliver o Lopera y pasaría a ser controlado por el propio club verdiblanco. Los actuales rectores han prometido que las pondrán a disposición de todo aquel que quiera adquirirlas por un precio inicial de 120 euros por acción, que pasarían después a más de 200. De esta manera, tanto PNB como LJB, así como el propio Betis, se apartarían de los procedimientos que se siguen contra ambos en los tribunales de justicia. Béticos por el Villamarín (BxV), la otra gran plataforma bética, no está de acuerdo con estas condiciones y se mantendría como acusación de ambos.
¿Qué falta para cerrar el acuerdo?
A esta hora son varios los flecos que impiden cerrar definitivamente un acuerdo que tiene margen hasta este lunes a las 9.30 horas, cuando debe continuar el juicio que se celebra por este motivo en la Audiencia Provincial de Sevilla. Las reuniones, que se sucederán durante todo el fin de semana, deben conseguir el objetivo en tres puntos claves. El primero de ellos, la negativa de la plataforma de Hugo Galera, a quien pretenden convencer para que dé su brazo a torcer. Por otro lado está Luis Oliver. El empresario Navarro pidió 10 millones de euros aunque parece dispuesto a pactar por menos dinero. Aún queda por cerrar el importe exacto correspondiente a Bitton Sport. Por último, se debe acordar cómo será el reparto de estas 59.925 acciones correspondientes al 51% del capital social de la entidad. Aunque se han avanzado las posturas en este sentido, están por determinar algunos flecos en el proceso de venta. La propuesta de PNB y el reparto de los títulos en dos fases parece contar con el beneplácito de la mayoría de las partes. La posible financiación en la compra de las acciones –en plazos de hasta seis años– es uno de los aspectos a discutir.
Efectos colaterales que provocaría
La firma de este pacto conllevaría la suspensión de la junta de accionistas que se ha convocado para el próximo 29 de junio, que en principio debería quedar pospuesta a la finalización del proceso de venta, pues el mapa accionarial sufriría una modificación importante. De hecho, el propio Rafael Salas reconoció el pasado lunes que de alcanzarse un acuerdo inminente, «la junta no tendría sentido».