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Luis Oliver acudió a los juzgados a declarar ante la jueza Mercedes Alaya en septiembre de 2013 / J.M. Paisano
El futuro del Betis se dilucida en el césped, porque para eso es un club de fútbol, pero desde hace años también lo hace en los tribunales. El problema de ese importante factor extradeportivo es que ralentiza todo: cualquier proceso judicial está repleto de pasos y contrapasos que al final pueden eternizar la sentencia en cuestión. En el caso del club verdiblanco, desde marzo de 2015 está pendiente de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 establezca si el 31,38% del capital social de la sociedad anónima deportiva fue adquirido de forma legítima por Manuel Ruiz de Lopera en 1992. Es un caso crucial, pero no hay sentencia y tampoco se prevé a corto plazo debido a una última maniobra de Luis Oliver.
En concreto, el jefe de Bitton Sport presentó el 25 de julio un recurso de reposición en el que alegaba indefensión en una causa que le atañe directamente, ya que esas 36.869 acciones bajo sospecha están incluidas en el paquete del 51,34% cuya compra acordó con Lopera en el verano de 2010. El 19 de octubre, el pasado miércoles, el magistrado Francisco Javier Carretero desestimó el recurso. Este juez de refuerzo del Mercantil, dicho sea de paso, fue recusado por el expresidente José León, pero esa solicitud fue rechazada y archivada por la Audiencia en mayo de este año.
El caso es que Carretero es especialmente duro con Oliver en su desestimación, el desenlace al que «el análisis de los motivos de impugnación alegados por la parte recurrente conduce necesariamente». Según el juez, el 19 de julio entregó al navarro «la documentación que expresamente solicitó» cuatro días antes. «Ninguna indefensión cabe apreciar más que la que dimana de su propia falta de diligencia», lamenta el magistrado, que acusa al recurrente de buscar un «fraude procesal» al «pretender escudarse en una mera interpretación absolutamente voluntarista, sin encaje legal».
Tras esta decisión, contra la cual no cabe recurso, el Juzgado ha citado hoy mismo al representante legal de Oliver, Rafael Campos, para que reciba «las copias del presente procedimiento que considere necesarias». Y a continuación viene el otro quid de la cuestión: el Mercantil da diez días a Oliver para que presente nuevas alegaciones y cinco para que presente un nuevo recurso de reposición.
Eso significa un nuevo retraso en la sentencia sobre ese 31,38%, que como mínimo no será dictada hasta finales de noviembre, según fuentes del caso. ¿El trasfondo? Al mismo tiempo que el Mercantil delibera, la Audiencia hace lo mismo sobre un recurso contra las medidas cautelares que el propio Carretero impuso sobre ese paquete de acciones. Esa suspensión impide a Lopera y/u Oliver recuperar el control del Betis, de modo que el dictamen del órgano provincial también es clave. Si levanta las cautelares, el panorama verdiblanco se volverá otra vez del revés; si las mantiene, continuará el actual statu quo con Ángel Haro y José Miguel López Catalán al frente. A Oliver y compañía les viene bien que la Audiencia resuelva antes que el Mercantil. ¿El motivo? Fuentes jurídicas auguran que la sentencia de la Audiencia será favorable al levantamiento de las cautelares y la del Mercantil, favorable a los diecisiete demandantes que pusieron el caso del 31,38% en manos de la Justicia.