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De izquierda a derecha, Pepe Tirado, José Miguel López Catalán, Ángel Haro y Adolfo Cuéllar. / Manuel Gómez
El Betis celebra este jueves su junta general ordinaria de accionistas. No es una asamblea más, y no sólo por celebrarse tan pronto (la del año pasado fue el 30 de diciembre, por poner un ejemplo) y en un escenario tan novedoso (el pabellón de San Pablo). Es la asamblea en la que los béticos decidirán si cierran de una vez por todas la etapa de Manuel Ruiz de Lopera y, de paso, ponen el punto final a la de Luis Oliver. Además de los asuntos rutinarios, como las cuentas, el consejo de administración verdiblanco pedirá a sus accionistas que aprueben oficialmente el pacto que suscribió con los dos exdirigentes una noche de julio y el proceso de compra de su capital social, más del 50%, a los propios béticos.
El primer punto del orden del día de la junta, que empieza a las ocho de la tarde, es la ratificación de ese acuerdo del 28 de julio, cuya premisa es que Farusa posee el 10,96% del capital social (12.874 acciones) y Bitton, el 8,67% (10.182). Es decir, el 19,63% en total (23.056 acciones). Y se lo venden al Betis por 15.850.000 euros. Farusa recibirá 8.850.000 euros de esta guisa: 850.000 en el momento del acuerdo, 1 millón con un pagaré que venció el 31 de octubre, 3 millones con otro pagaré que vencerá el 31 de enero de 2018 y, por fin, 4 millones antes de esa última fecha si para entonces no hay sentencia del Mercantil sobre el 31,38%. Además, el Betis vende a Lopera 212 acciones por 56.931,33 euros «en resarcimiento por haberse visto mermado su patrimonio» por la ejecución de algunos «embargos, fianzas o avales». Bitton, por su parte, se llevará 7 millones de euros con este calendario de pago: 742.500 que ya fueron abonados en marzo por la opción de compra que el Betis firmó sobre ese paquete, 625.750 en el momento del acuerdo, 625.750 con un pagaré que venció el 31 de octubre y 5.006.000 con otro pagaré que vencerá el próximo 31 de enero.
Los accionistas también tendrán que aprobar o rechazar el proceso de venta, ya presentado por el Betis hace algunas semanas. Básicamente consiste en que las 36.869 acciones de la ampliación de capital saldrán a 120 euros cada una, mientras que las restantes hasta completar las 60.838 (el 51,34% más 913 acciones que están en autocartera por incumplimientos de compraventa; en total, el 51,78%) costarán 476,69 euros cada una.
Si los accionistas aprueban la propuesta de acuerdo, el Betis renuncia «irrevocablemente» a ejercer la acusación contra Lopera y Oliver, entre otros, en la causa que está a punto de quedar vista para sentencia en la Audiencia Provincial y se extingue el acuerdo que el club y Bitton habían alcanzado el 17 de marzo de este año. También se resuelve el pacto de 2010 entre Farusa y Bitton, al menos en lo que atañe a 49.743 de las 59.925 acciones que conforman el famoso 51,34%, mientras que las 10.182 restantes serán abonadas por Farusa a Bitton en concepto de «indemnización por daños y perjuicios».
Además, Farusa entrega al Betis las 36.869 acciones que han sido objeto de litigio en el Juzgado de lo Mercantil y el club las pondrá a disposición de los accionistas y socios mediante una ampliación de capital y la emisión de otros tantos títulos, ya que los judicializados aún están intervenidos a falta de una sentencia firme.
En cuanto a la sentencia del Mercantil sobre la culpabilidad de los antiguos administradores en el concurso de acreedores, el pacto establece que el Betis y tres de los condenados (Lopera, Oliver y José León) se conforman con la sentencia de primera instancia y renuncian a sus recursos de apelación.
Al hilo de este acuerdo, el consejo del Betis también propone hoy la modificación de tres artículos de los estatutos del club (5º, 10º y 22º). El objetivo es triple, claro. Por un lado, «establecer dos clases de acciones y los derechos, obligaciones o restricciones aplicables a cada clase». Por otro, «para establecer restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones de la clase especial», es decir, las de 120 euros: el consejo podrá denegar una transmisión que implique que un accionista acumule más de 20 de estos títulos. Y por último, «regular el ejercicio a distancia de los derechos de voto en las Juntas generales», lo que en cristiano significa reconocer el derecho a votar, aunque físicamente no acudan a las asambleas, a los accionistas con menos de diez títulos.
DIEZ PUNTOS QUE ABORDAR.
La junta tiene diez puntos en el orden del día, así que hay vida más allá de este acuerdo con Lopera y Oliver. Como es habitual, el Betis presentará sus cuentas del ejercicio 2016-17, que incluyen un pequeño superávit de 148.548 euros antes de impuestos que al final bajará a 532 euros; un aumento de la inversión en futbolistas en 29,13 millones (a 30 de junio, sin contar los fichajes que llegaron después); y la duplicación de activos, de 53,2 a 104,1 millones. En cuanto al presupuesto de la temporada 2017-18, el club planteará unos ingresos mínimos de 87,6 millones, que pueden rozar los 100 millones si la Fiorentina compra a Pezzella, y unos gastos de 86,2.
El interés durará hasta el mismísimo minuto 90, como quien dice. El décimo punto del orden del día, el último, es la ratificación del nombramiento de Luis Oliver Sierra, hijo del jefe de Bitton, como consejero. En este capítulo puede haber divergencias entre el consejo y uno de sus aliados, Por Nuestro Betis (PNB), aunque la posición del empresario en la planta noble de Heliópolis es testimonial y, como solía decirse de cierto presidente, ni pincha ni corta.