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José Castro, presidente del Sevilla, en su despacho, durante una entrevista concedida a El Correo. / Manuel Gómez
Fuentes del departamento que dirige María José Segarra confirmaron a este periódico que la denuncia fue interpuesta el pasado 1 de agosto y se incoó el 28 del mismo mes. Posteriormente fue admitida a trámite por los citados delitos y, ayer mismo, fue entregada a la Policía Judicial para que indague las presuntas irregularidades recogidas en el documento y para que reclame al club una serie de documentación.
Los hechos que en su día denunció el accionista del club se corresponden con los delitos de falsificación de documento mercantil, administración desleal y corrupción de particulares. Este último tipo penal fue incluido en el Código Penal en 2010 y hace alusión a aquellos casos en los que se promete, ofrece o concede a cualquier directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, sociedad, asociación, fundación u organización «un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliéndose sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales». Igualmente, la redacción de este nuevo delito hace referencia a aquella persona que acepte las ventajas citadas.
En este sentido, la denuncia de Martínez, que es propietario de dos acciones, sostiene que Castro se sirvió «de su condición de presidente» de la entidad para beneficiar a su empresa en el proyecto de reforma del Sánchez-Pizjuán. La denuncia explicaba que el presidente tuvo conocimiento de la cuantía de las ofertas que presentaron las empresas competidoras de la suya para «actuar como comisionista» en el citado trabajo.
El denunciante también recogía en su exposición de hechos ante la Fiscalía que el mandatario sevillista inscribió en el libro de registro del club tres acciones a su nombre que, presuntamente, fueron adquiridas indebidamente, ya que la transacción se efectuó después del fallecimiento del anterior propietario, cuya firma habría sido falsificada, según la denuncia. De ahí que uno de los delitos que se investigan sea la falsedad en documento mercantil. Igualmente, Martínez también denunció el supuesto uso delictivo que Castro hizo de la cuenta de representación que mantiene con el Sevilla, al que llegó a adeudar más de 300.000 euros. Según recogía, hay gastos que podrían justificarse «más allá de consideraciones éticas», pero asegura que otros «exceden de esas liberalidades funcionales y suponen actuaciones que pudieran estar incardinadas en ilícito penal».
LA VERSIÓN DE CASTRO.
El propio presidente del Sevilla dio en su día su versión sobre las supuestas irregularidades en su gestión. «Se ha dicho que yo debía 300.000 euros al club y debo decir que yo en el Sevilla debo cero. El señor que lo ha dicho tiene la credibilidad que tiene y se pone una acreditación de prensa en los partidos para no pagar el carnet. La documentación que él tiene es de febrero y en mi cuenta del club, que muchos de los consejeros también la tienen, la deuda es cero», dijo el pasado 20 de julio.
Castro, asimismo, explicó su participación en la empresa contratada para la instalación de los videomarcadores (Airis Technology Solutions SL). «Quiero explicarlo con mucha claridad. Se recibieron cuatro ofertas y una de ella era le mejor. Yo trabajo con esa empresa. Lo aprobó el consejo, incluido José María del Nido Carrasco», señaló al respecto.
De la misma forma, el presidente se pronunciaba sobre la supuesta compra de acciones a un sevillista fallecido. «Me parece ridículo. Es un error humano del personal del club. Son tres acciones que se firmaron mal y se rectificó», explicó.
«Me sorprende que una entidad que funciona, con beneficios deportivos y económicos, esté en esta situación. Los movimientos se deben hacer en la Junta General. Muchos hemos trabajado por la unidad. Me siento totalmente fuerte. La sociedad está mejor que nunca. Si alguien decide generar problemas que sea bajo su responsabilidad», añadió Castro entonces.