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Juan Carlos Ollero (centro), en la última junta de accionistas, en diciembre de 2014 / Manuel Gómez
Dos accionistas del Betis, Rafael Moreno y Teresa Robledo, presentaron este martes un escrito en el registro del club en el que reclaman la desconvocatoria de la junta de accionistas del 23 de septiembre, en previsión de que los acuerdos adoptados ese día puedan ser impugnados por varios motivos legales. De hecho, uno de sus razonamientos es que la celebración de la asamblea irá en perjuicio de la sociedad.
Moreno y Robledo alegan tres razones fundamentales para justificar su solicitud. Uno: la «litispendencia de la titularidad de las acciones» que Farusa vendió a Bitton Sport; es decir, que es un litigio pendiente de resolverse en el Juzgado de Primera Instancia número 10 que es importante para el futuro de la sociedad, ya que se trata de un número importante de acciones sin propietario legítimo firme en estos momentos. Dos: que la Audiencia Provincial de Sevilla, en el auto en el que levantaba las medidas cautelares sobre el paquete de Farusa, no establecía sin embargo ningún mandato al consejo de administración para convocar esa asamblea, por lo que entienden que la convocatoria es precipitada. Y tres: que tras la decisión de los dirigentes verdiblancos ha habido nuevas circunstancias trascendentales que modifican el escenario institucional de manera sustancial, como el auto del Mercantil que deja cautelarmente a Farusa sin el 31,38% del capital social.
La solicitud de Moreno y Robledo es a título particular, como accionistas del Betis que son, y no está relacionada con Béticos por el Villamarín, asociación a la que ambos están vinculados. Robledo también defiende al exconsejero Francisco Sánchez Moreno en la causa que se sigue en el Mercantil por el 31,38% de las acciones en poder de Farusa. La junta, por cierto, puede ser desconvocada cualquier día, incluido el mismo 23 de septiembre.