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Manifestación de CCOO delante de la sede de Palmas Altas. / El Correo
El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha denunciado que Abengoa haya presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 34 trabajadores de Abeinsa BD y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para otros siete trabajadores de la misma empresa. En total el número de miembros de la plantilla afectados asciende a 41 de los y las 43 que trabajan en la filial de Abengoa. Todo, después de que los quince días de negociación entre la empresa y CCOO hayan concluido sin acuerdo por la intransigencia de los representantes de Abeinsa.
Esta situación se produce después de que Abengoa, en su proceso de reestructuración interna y de forma unilateral, trasladara la carga de trabajo y a 191 trabajadores de Abeinsa BD a otras empresas de la firma como la Vertical de Aguas y la Vertical de Energías a finales del pasado mes de marzo. Tras ello, Abengoa decidió dejar sin carga de trabajo ni contenido a Abeinsa BD, según denuncia el sindicato.
El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, entiende que «no es de recibo que Abengoa realice anuncios públicos de viabilidad del proyecto industrial y beneficios de más de 5.500 millones de euros solo en el primer trimestre de 2017 y, en paralelo, en la oscuridad de las paredes de Palmas Altas, siga con los procesos de despidos colectivos».
Y es que, según Caravaca, «Abengoa sigue en la senda de provocar sangrías en el empleo mientras anuncia cuantiosos beneficios».
El sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla alerta de que la misma operación realizada con la plantilla de Abeinsa BD se está realizando con la de Abeinsa EPC, donde ya han planteado el despido de 63 personas y un ERTE para 41.
Caravaca ha insistido en «la indefensión de los trabajadores y trabajadoras de Abengoa provocada por la falta de tutela judicial ante un proceso de reestructuración que no termina».
Juan Antonio Caravaca subraya que «es necesario el seguimiento, participación e implicación del Juzgado de lo Mercantil, como máximo responsable de la autorización al Plan de Viabilidad presentado en su día, así como al Juzgado de los Social y la Inspección de Trabajo por las consecuencias en el empleo que está conllevando».