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Imagen de un taller clandestino que fue denunciado a través de la página web de FEDEME y sancionado posteriormente por las autoridades competentes. / El Correo -
El presidente de Fedeme, Manuel Aragón, en la ‘Mesa del Ilegal’, con agentes de los cuerpos de seguridad. / E. C.
La mitad de los vehículos del parque automovilístico español superan los 10 años de antigüedad. Es decir, más de 15 millones de los coches que circulan por las carreteras españolas tienen más de una decena de años. En Andalucía esta media incrementa hasta los 12 años. Esto implica averías en muchos de los casos, pues la maquinaria se ha deteriorado con el uso y el paso del tiempo. Las reparaciones y el mantenimiento periódico del automóvil suelen ser un proceso caro que, en ocasiones, genera un desembolso importante para el bolsillo.
La crisis económica ha permitido que proliferen talleres clandestinos e ilegales donde se llevan a cabo reparaciones sin garantía ni factura, lo que abarata considerablemente los costes, aunque ello genere otra serie de problemas que inciden de forma directa, por ejemplo, en la seguridad del vehículo. Según la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Sevilla, apoyada técnicamente por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME), en Sevilla y provincia, entre el 10 y el 15 por ciento de los centros de reparación son ilegales. Una cifra que ha disminuido considerablemente desde 2012, cuando rondaba el 25 por ciento.
La existencia de este tipo de negocios supone un fraude y representa una falta de seguridad para el cliente, pues el ahorro que supone evitar el IVA al no pagar con factura, impide reclamar posteriormente la garantía de la reparación si algo falla o el problema no queda resuelto. Además, se ha detectado que el abaratamiento de los costes viene determinado por empleo de material no homologado en muchos de los casos. Algo que en comunidades como Baleares o Galicia también se vigila desde la ITV. Pero, ¿cómo detectar un taller ilegal? Es muy sencillo. En primer lugar, hay que distinguir a la entrada del establecimiento la placa de Industria que certifica que el centro es cuestión está homologado para la reparación de vehículos. Habrá otra que especifique qué labor puede desempeñarse en él (chapa y pintura, mecánica general...). Es importante que, al margen de la placa, se exija siempre el presupuesto previo y la factura correspondiente, donde se debe especificar las piezas que se emplean y su procedencia. Hay elementos externos que también indican que hemos elegido un centro que cumple los requisitos y no uno clandestino como puede ser la rotulación del lugar o el interior de este. Son muchos los mecánicos freelance que ofrecen sus servicios a domicilio o en la misma calle.
El cerco al taller ilegal
La asociación Provincial de Reparación de Automóviles viene estrechando el cerco sobre esta práctica desde 2012. A los tres inspectores que certifican el cumplimiento de la normativa en los talleres se unen los propios ciudadanos, que con sus denuncias anónimas han permitido que se puedan clausurar 140 centros en Sevilla y provincia, además de provocar 205 sanciones por el incumplimiento en materia medioambiental por parte del SEPRONA y otras 97 sanciones de la Inspección Provincia de Trabajo.
¿Cómo denunciar un caso?
La colaboración de los propios clientes y usuarios es el arma principal para que se puedan detectar los centros donde se presentan irregularidades. Los profesionales del sector también colaboran de forma activa, pues un taller de los denominados ilegales, incide en la competencia desleal sobre el resto de integrantes del sector. En la web de FEDEME se ha habilitado un espacio para formular una denuncia si usted cree que ha sido víctima de estos talleres o si, sencillamente, es profesional y ha detectado a uno de ellos. El aviso siempre se ejecuta de forma anónima, por lo que quien la formula no debe temer a las represalias.
Nuevas medidas
Con el objeto de dar un paso más en la lucha contra establecimientos de reparación ilegales, se pretende activar un protocolo de seguimiento en las ITV cuando las inspecciones obligatorias sean desfavorables, como ya ocurre en Baleares y Galicia.