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La exportación de la aceituna negra española supone un 36% y un valor de 70 millones de euros. / El Correo
Otra vez contra la aceituna sevillana, y otra vez tomando como ejemplo el trabajo que, casualmente, realizan las tres principales competidoras para Estados Unidos, que, además, son sevillanas. En la madrugada de este sábado –hora española– el departamento de Comercio de Estados Unidos acordó volver a gravar la entrada de aceituna de mesa negra española en su territorio, con unas cifras que, de entrar en vigor oficialmente, pueden suponer el mayor perjuicio para la industria posible, teniendo en cuenta el volumen de negocio de la aceituna hispalense en suelo estadounidense, con lo que se fija una sanción del 17,13 por ciento para el valor total del producto importado por este país. La motivación para esta sanción es el presunto dumping que habrían cometido las empresas españolas, al entender las autoridades americanas que las empresas venden en su país por debajo del precio al que lo hace en su mercado nacional de referencia.
El arancel vuelve a ser una media sacada de los aplicados a Aceitunas Guadalquivir, SL 16,8 por ciento; Agro Sevilla Aceitunas, SCA, 14,64 por ciento; y Ángel Camacho Alimentación, SL, 19,73 por ciento. A estas empresas se les aplicará este aumento del precio cada vez que sus productos quieran cruzar la frontera. Las restantes empresas españolas del sector que quieran exportar sus productos a los 50 estados norteamericanos deberán pagar la media ponderada de las tres empresas sancionados, el mencionado 17,13 por ciento.
Los números hablan a las claras del perjuicio para el sector español, sevillano sobre todo, si la medida sale adelante, ya que las exportaciones de aceituna negra española a Estados Unidos suponen un 36 por ciento en volumen, con 32.000 toneladas en 2016 y un valor de 70 millones de euros al año. De estos números, Andalucía produce en torno al 80 por ciento de la aceituna negra española y alrededor del 30 por ciento del valor de la aceituna que se exporta corresponde a la negra.
La cuestión añadida a este caso es que llueve sobre mojado para el sector sevillano, ya que este arancel –todavía provisional– se suma al también ponderado del 4,47 por ciento que el departamento de Comercio ya impuso sobre la aceituna de mesa negra de España el pasado 28 de noviembre de 2017 como medida preliminar derivada de su investigación anti-subvenciones.
Igual que hace dos meses, las medidas no entrarán en vigor hasta que, dentro de aproximadamente una semana, las publique el Federal Register Govern, el equivalente al Boletín Oficial del Estado español en suelo norteamericano, aunque el sector ya ha comenzado a trabajar para que, si se llegan a aplicar, se tumben cuanto antes en los tribunales.
La primera reacción llegaba en la mañana del mismo sábado por parte de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa), cuyo secretario general, Antonio de Mora, lamenta que «estos nuevos aranceles adicionales tienen un importante efecto directo sobre todo el sector de la aceituna de mesa de España, que ve amenazada la continuidad de una parte muy importante de sus exportaciones a un país tan relevante como EEUU en beneficio de la industria californiana, que busca de esta forma conservar su mercado nacional, pero también de otros países competidores como Portugal, Grecia, Egipto, Marruecos o Turquía a los cuales no se le aplican».
De Mora muestra su confianza «en que las autoridades españolas y europeas intensificarán sus esfuerzos para persuadir a las autoridades americanas de lo injustificada y equivocada que es su posición recordando que cada día que pasa el daño para el sector aceitunero español es mayor y las consecuencias para todos los sectores europeos en el futuro son impredecibles».
«En cualquier caso, a pesar de estos nuevos aranceles que son provisionales seguimos confiados que en las decisiones finales de las investigaciones se impondrá la razón y se demostrará que las importaciones de España no causan daño material ni son una amenaza para la industria californiana cuyos problemas tienen otros orígenes muy diferentes», añade.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, lamenta unas sanciones «desproporcionadas», señalando que «en la práctica puede suponer la expulsión de este mercado de los productores andaluces». Ha recordado que un procedimiento antidumping no es competencia de la Administración porque se trata de un proceso que atañe exclusivamente al ámbito empresarial, pero que aún así «continuaremos ofreciendo el máximo apoyo a las empresas denunciadas».
Hasta ahora, el sector ha invertido casi cinco millones de euros en abogados en varios países para intentar parar las intenciones de Estados Unidos de impedirles exportar a este país mediante estas sanciones. Ahora, se inicia una nueva pelea contra la segunda sanción en dos meses por motivos similares.