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Funcionarias de los juzgados de lo Mercantil en Sevilla. / El Correo
De las 132 sentencias que fallaron los juzgados de primera instancia e instrucción sevillanos sobre demandas individuales de cláusulas suelo en el último trimestre de 2017, el 96,2 por ciento resultó favorable a los clientes particulares que las presentaron. En el tercer trimestre del año apenas se resolvieron cuatro sentencias y todas contaron con el aval judicial.
No existen datos previos a listar, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) conocidas ayer, que arrojan el elevado volumen de actividad que presentan los juzgados que abordan estos asuntos. Así, entre julio y septiembre ingresaron un total de 3.793 demandas individuales, de las que apenas se resolvieron 43. En el cuarto trimestre, sin embargo, ingresaron 4.478 asuntos, de los cuales fueron resueltos un total de 207. De este modo, aún permanecen en trámite 8.021 demandas en los juzgados de la provincia. Sevilla se coloca en tercer lugar por volumen pendiente de reclamaciones judiciales por condiciones abusivas en la hipoteca, tan solo precedida por Barcelona (15.717) y Madrid (13.114), según el CGPJ.
El informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales ofrece una completa radiografía de lo ocurrido en el conjunto de 2017, ejercicio en el que destaca el aumento de los desahucios en la provincia de Sevilla, donde se contabilizaron 1.419 lanzamientos (paso previo al desahucio) frente a los 1.210 registrados en 2016, lo que representa un incremento del 17,3 por ciento. Sevilla retorna así al nivel que presentaba en 2015 (1.411 lanzamientos) y rompe la tendencia de descenso de 2016, cuando estos procedimientos se redujeron un 14,2 por ciento.
En este balance resulta significativo el repunte que se produjo en el cuarto trimestre del año, con 407 desahucios, un 31,7 por ciento más. Sí descendió, por contra, la cantidad de procedimientos de ejecución hipotecaria en la provincia, que se situaron en los 1.345, una cifra un 44 por ciento inferior a la del año anterior. Aunque a nivel nacional se registró un descenso en la cifra de lanzamientos, de un 3,6 por ciento, hasta los 60.754, lo cierto es que hasta en veinte provincias el saldo anual fue de incremento.
Concursos, un 25% menos
Los procesos de insolvencia y de la antigua figura de la suspensión de pagos se redujeron en 2017 en comparación con el año precedente, al contabilizarse un total de 194 concursos de acreedores frente a 210, un 25,4 por ciento menos, según los datos estadísticos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por primera vez desde el año 2009, las quiebras de empresas y particulares en la provincia se colocan por debajo de los 200 procesos, si bien la cifra se encuentra aún alejada de los niveles que presentaban los procedimientos concursales allá por 2007, cuando los juzgados declararon 35 suspensiones de pagos.
De nuevo en 2016 (y sobre los datos de 2015) se produjo un repunte –con 260 concursos frente a 206– que rompió la senda bajista de quiebras entre empresas y familias (supuso un aumento del 26,2 por ciento). Ese año junto con 2011 fueron los dos únicos en registrar importantes incrementos. De hecho, en 2011 se duplicó el número de procesos concursales (hasta un total de 407).
En los juzgados de lo Social se presentaron un total de 4.185 demandas por despido, que incluye además de la disconformidad de la extinción por causas objetivas, así como la impugnación de la modificación de las condiciones de trabajo y los traslados, una cifra que representa un descenso del 5,8 por ciento en comparación con 2016, acercándose al nivel de 2010.
En España se presentaron 104.824 denuncias por despido, lo que supone un incremento interanual del seis por ciento.