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Un grupo de cigüeñas descansa en los campos de arroz de Isla Mínima, en el término municipal de La Puebla del Río, en una imagen de archivo. / Efe
El arrozal sevillano, ése que se ha puesto de moda gracias a la película La isla mínima, no las tiene todas consigo. Por ahora, sí. Los productores sevillanos tienen su tabla de salvación en el buen rendimiento y el elevado nivel de productividad de las 37.000 hectáreas cultivadas, aunque la situación se antoja complicada si se mira hacia el futuro. En buena medida, por la inundación de arroz importado procedente de países con muy bajos costes laborales y, sobre todo, con aranceles de entrada nulos o insignificantes (apenas 30 euros por tonelada, un 90 por ciento menos que hace una década) que perjudican a la producción local ante la masiva entrada de arroz barato en el mercado europeo. Es la competencia desleal de países como Camboya, Birmania y la India una de las preocupaciones que centró buena parte de la XV Jornada del Arroz celebrada la pasada semana en la finca Isla Mínima, en La Puebla del Río, organizada por Asaja y la Federación de Arroceros de Sevilla.
Con representación europea, del Ministerio, de la Consejería, de la industria, del ámbito de los fitosanitarios y de Doñana, en una sesión guiada por los arroceros, el encuentro sirvió para poner sobre la mesa lo que preocupa y la búsqueda de soluciones para garantizar el futuro de un sector que en las marismas sevillanas y en la comarca gaditana de la Janda produce el 44 por ciento del arroz que se cosecha en España. La provincia cerrará esta campaña con una cosecha media que rondará las 350.000 toneladas y un rendimiento cercano a los 9.000 kilos por hectárea, «lo que sitúa a los productores sevillanos como los primeros del mundo por productividad», recuerda Asaja.
Preocupan y mucho las importaciones y los precios. Las primeras crecieron en la campaña 2014/15 un 11 por ciento, hasta 1.174.000 toneladas, de las que el 23 por ciento procedieron de la India, el 22 por ciento de Camboya, el 18,5 por ciento de Tailandia, prácticamente el 14 por ciento de Pakistán y el 6,5 por ciento de Birmania. A fecha de octubre, más de 500.000 toneladas entraron sin pagar un euro de arancel. Pero lo que también escama a la industria es que empieza a entrar envasado. Clara Aguilera, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo, puntualizó que la Unión Europea cuenta con 1.600 acuerdos comerciales con terceros países y que contra eso no se puede luchar, pero sí habría que enfocar el problema en si ese trato de favor consigue su objetivo, que no es otro que mejorar las condiciones de vida de estos países emergentes o preferenciales. «Hay que evaluar cuando pasan los años quién se ha beneficiado de esos acuerdos y del impacto en el territorio», a ver si son solo las multinacionales, apostilló, porque «se ponen en juego las producciones agrarias europeas, que son las vulnerables, ya que esos países solo tienen agricultura».
A juicio de Juan Parias, representante del departamento de Compras de Ebro Foods, «Europa es deficitaria de arroz en un millón de toneladas, por lo que no nos debe preocupar la importación, pero sí el precio». Recordó que de las 900.000 toneladas que produce España, unas 600.000 se destinan al consumo interno y 400.000 se tienen que exportar y que son los mercados del norte de Europa, adonde se dirigía este excedente, «los que estamos perdiendo» en favor de los emergentes. La clave, dijo, buscar un mercado para ese excedente porque el arroz de importación barato «es una realidad» y planteó que, o se establecen compensaciones o se activan las cláusulas de salvaguarda y se suben los aranceles. «Dejemos de pensar en competir en precios ni esperar a catástrofes porque la situación de los próximos años es complicada. Vayamos de la mano», dijo la industria a los productores. Y aquí Aguilera fue rotunda en su conclusión: «tenemos que conseguir un precio adecuado para el agricultor». La distorsión está, señaló, en la «gran distribución», que es quien «pone en los lineales los arroces que quiere, el precio que quiere y pagando cuando quiere».
Señalaba de otro lado el presidente de los arroceros, Manuel Cano, que las nuevas reglas del juego de la PAC les van a suponer un importante recorte de las ayudas, que han pasado a 116 euros por hectárea frente a los 148 anteriores, para un coste de producción que se eleva hasta los 197 euros «frente a 400 euros que reciben otros arrozales». Por ello, tanteó a la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo y al Jefe de Servicio de Producción Agrícola de la Consejería, Marcelino Bilbao, para ver qué opciones reales hay de introducir cambios en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) «porque ideas tenemos». Pero no hay margen. El portavoz de la Junta puso de relieve que la negociación ha sido «una locura» por el enorme nivel de desconfianza y detalle con el que se han revisado las 1.600 páginas del acuerdo. «Se han revisado comas y palabras concretas hasta cuatro veces», resumió, para concluir que a estas alturas «cambiar el PDR no es factible, ni por cuantía ni por la orientación de las ayudas».