El conflicto de los estibadores encalla

El Ministerio de Fomento ha aplazado la reforma de la estiba y los trabajadores no secundarán los paros previstos, pero el conflicto se embarcó en un largo y duro viaje. La liberalización del sector amenaza a un oficio tan antiguo como los puertos y, en Sevilla, afecta a un colectivo –acusado de tener «privilegios históricos»– formado por unos 60 trabajadores (41 son en Huelva, otros tantos en Cádiz, más de 1.500 en Algeciras, 121 en Málaga, 18 en Motril y 13 en Almería).

Para empezar a desgranar esta disputa laboral, comencemos por el principio: ¿Qué hace un estibador? En el Puerto hispalense hay una media de nueve buques al día y su labor es colocar la carga en los barcos con sumo cálculo para asegurar la navegación.

El concepto moderno de estiba, sobre todo cuando se trata de contenedores, no hace referencia a los movimientos de la mercancía (carga), sino a la decisión de dónde debe ir colocada, dependiendo del tipo de contenedor, del peso y del orden de entradas y salidas de las cargas en el barco, entre otras. El 80 por ciento de este trabajo se realiza con máquinas. El resto, a pulso. Pero cada puerto es distinto.

En el caso del sevillano, los estibadores afirman que, por ejemplo, se embarcan muchas vigas de acero, siendo una de las tareas más peligrosas. Así lo explica Antonio Ezequiel, con 30 años de trabajo en la estiba (12 como eventual y 18 con contrato fijo). Este trianero de 47 años, hijo de estibador, nos contó ayer cómo es su día a día en el Puerto para «desmontar» muchas de las «mentiras» que se están lanzando sobre este oficio. Asegura que cobran de media unos 60.000 euros al año (no 68.000) porque «las condiciones de trabajo son muy duras en la estiba». «No lo aguanta cualquiera porque trabajamos con una gran presión, con 40 grados o bajo cero y, cuando hay carga de trabajo, en jornadas de 12 horas o más». «Cuando nació mi hija ni la veía», lamenta. «Se creen que nos regalan el dinero porque nadie conoce nuestro trabajo, se creen que sólo pulsamos un botón, pero esto es duro, hay muchos accidentes», lamenta.

Para Antonio Ezequiel, hay «intereses empresariales que mueven al Gobierno», «algo negro hay detrás», dice, pese a confiar en que habrá un acuerdo que acabe con la incertidumbre de su futuro. «Hay 6.000 familias en España, como la mía, con las carnes abiertas».

Pero, ¿por qué el Gobierno quiere modificar la norma? En diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la regulación española incumplía los tratados comunitarios al no reconocer la libertad de empresa y de contratación de trabajadores. Ahora, las compañías de estiba para contratar están obligadas a recurrir a las sociedades de gestión de los trabajadores portuarios (Sagep), en cuyo accionariado deben además participar. Así que el ministro Íñigo de la Serna presentó una propuesta de real decreto ley que rompe el monopolio y que establece un periodo de transición de tres años. Después, las Sagep podrán liquidarse o convertirse en empresas de trabajo temporal. Y coexistir con Centros Portuarios de Empleo, que según Puertos del Estado, darán estabilidad al empleo (dice que crearán 18.000). Para la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, esta propuesta abre la puerta a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto. Los sindicatos ya habían propuesto un registro nacional de trabajadores portuarios que Fomento afirma que ha rechazado la Comisión Europea.

Pero las críticas al colectivo no se quedan ahí. Fuentes empresariales apuntan que el sindicato mayoritario maneja de facto la operativa laboral de la estiba, que decide cuándo se abren las bolsas de trabajo de las Sagep para aceptar nuevos estibadores, quién puede entrar y quién no (los lazos familiares son abundantes y no es nada extraño encontrarse con estibadores que, a su vez, son hijos de estibadores, como Antonio Ezequiel) y fija cuándo hay que subir los salarios. Incluso dicen que los estibadores deciden por sorteo quién ocupa cada puesto cada día y a qué empresas acudirán a trabajar. Todo por obra y gracia de la regulación existente.

¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo? Por un lado, las mercancías que mueven al año los puertos suponen el 20 por ciento del PIB nacional, de ahí la preocupación por los paros. Además, si el Estado no acata la resolución europea –y han pasado ya más de dos años–, se enfrenta a una posible multa de 134.000 euros por cada día que no ponga en práctica el dictamen a partir del momento en el que se publique una futura segunda sentencia del Tribunal de la UE (por incumplimiento de la anterior), «que está al caer», según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Antonio Ezequiel, por su parte, recuerda que el Gobierno tardó 10 meses en conformarse y que siempre han estado dispuestos a negociar. «No se sentaron antes porque no quisieron», critica.

El nuevo episodio del conflicto dio ayer un sinfín de titulares. Mientras España y la Comisión Europea buscan una solución para adaptar la norma, Fomento reiteró que la negociación colectiva da margen para resolver el problema. Pablo Iglesias (Podemos) indicó que los estibadores se han «ganado» sus condiciones y el PP los acusó de usar «métodos chantajistas» para mantener «privilegios». Marejada a la vista.