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Marcha de protesta organizada por la Plataforma Anti Desahucios (PAH) en las Setas de la Encarnación. / Manuel Gómez -
Un grupo de afectados por las preferentes de Bankia se concentra ante su sede para protestar. / Efe -
«La crisis ha judicializado las relaciones de consumo. Antes, estos asuntos se quedaban en el ámbito administrativo, ya fuese por conflictos con empresas o bancos, pero con la crisis el sistema judicial se ha incorporado como instrumento a la batalla que día a día libran los consumidores». Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), constata la transformación que han sufrido las reclamaciones de los usuarios en los últimos años, un periodo que ha estado caracterizado por la avalancha en los juzgados de demandas individuales y colectivas, en su gran mayoría contra productos o actuaciones de las entidades financieras.
También esa circunstancia –que estas prácticas hayan aflorado en tiempos de vacas flacas– ha animado a los ciudadanos a sublevarse y lanzarse a reclamar. «En épocas de bonanza, la cultura de la reclamación se da menos, sí aumenta en época de estrecheces, que es cuando la gente está más ávida de defender su economía», apunta.
Las prácticas que primero se vienen a la cabeza son las cláusulas suelo y las preferentes, pero no son las únicos, los swaps o seguros de impago, los intereses de demora y otras cláusulas abusivas en los contratos, la fallida salida a bolsa de Bankia... han tenido como protagonista al sector bancario, que ha sido «en el que más se han agudizado los abusos durante la crisis», asevera Rafael Fernández, secretario general de Adicae Andalucía. «En muchos casos, como las preferentes, habían contratado los productos sin saber, sino por relaciones de amistad con el director del banco; había mucha falta de información financiera».
Estas dos organizaciones son solo un ejemplo de la canalización de las demandas en los tribunales contra este tipo de prácticas. El punto de inflexión se produjo el 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo declaró nulas por abusivas las cláusulas suelo aplicadas en los contratos hipotecarios por tres entidades financieras. Sería solo el comienzo de una carrera de fondo que ha llevado a los juzgados de toda España a sumarse a esta doctrina que consideró que se había producido una falta de transparencia. La sentencia obligaba a los bancos a devolver las cantidades cobradas de más por ese concepto –que impedía que el consumidor se beneficiara de la progresiva bajada del Euríbor, hoy en mínimos históricos– hasta esa fecha de 2013.
Sin embargo, se abre una nueva disyuntiva. Antes de final de año tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que debe dirimir si en efecto la exigencia de devolución de las cláusulas suelo debe o no tener carácter retroactivo, esto es, si un cliente tiene derecho a reclamar desde la firma del préstamo hipotecario o desde mayo de 2013, como interpretó el Supremo. El pasado mes de julio, el abogado general del TJUE se mostró partidario de avalar la tesis del Alto Tribunal español, que sustentaba esta decisión en el riesgo y los efectos que podría tener una devolución masiva sobre el conjunto del sector financiero. Aunque los pronunciamientos de este abogado suelen coincidir con el fallo del TJUE, su opinión no es vinculante y habrá que esperar.
«No creemos que vaya a quebrar ningún banco. No puede servir de excusa para no devolver las cantidades. La crisis ha demostrado que no se dejó caer a ningún banco y podían haberlo hecho con Bankia», apostilla Rafael Fernández.
El presidente de UCA-UCE se muestra esperanzado de cara a esta resolución en base al pronunciamiento de algunos magistrados, como ha ocurrido en Euskadi. «Algunos jueces se están anticipando a ese dictamen, como en Donosti, porque entienden que si una cláusula es nula, lo es desde el principio y no desde la sentencia del Supremo».
Ahora, desde esta asociación están batallando por que los consumidores no renuncien a sus derechos y reclamen. Incluso aunque hayan firmado un acuerdo de desistimiento con sus bancos. «La justicia vuelve a cuestionar la legalidad de los acuerdos para eliminar las cláusulas suelo», señala la UCA-UCE, que explica que los acuerdos en los que los clientes renuncian a demandar a la entidad a cambio de una rebaja en el suelo de la hipoteca o a cambio de eliminar esa cláusula «son nulos aunque el cliente hubiese sido informado sobre las implicaciones de dicha firma». ¿Cómo es posible? «Porque no es posible renunciar a tus derechos», apostilla.
Sin embargo, quienes llegaron a algún acuerdo con su banco en el marco de un procedimiento judicial no podrán reclamar la nulidad del mismo, ya que «además de estar validado por un juez, la cosa juzgada no se puede volver a juzgar».
Según Moreno, en estos últimos tres años se ha pasado de eliminar las cláusulas temporalmente a suprimirlas a cambio de un diferencial más alto o de un tipo de interés fijo, pero critica que las entidades urjan a los clientes a tomar una decisión rápida y que no les permitan sacar los documentos para consultar con un abogado, sino que requieren una respuesta inmediata. «Muchos afectados han venido en los últimos meses alertando sobre este tipo de acuerdos», incide el presidente de UCA-UCE.
El secretario general de Adicae Andalucía, Rafael Fernández, señala que el boom de denuncias comenzó allá por 2009 y optaron por unificarlas en una demanda colectiva que agrupó a 15.000 personas en España y que se presentó en 2011. «Es la fórmula que permite acceso judicial a un coste mínimo (unos 150 euros), pero que también presenta obstáculos como la discrepancia entre juzgados», explica. A los cinco años llegó la sentencia favorable.
Solo en 2015 recibieron 49.000 consultas por cláusulas suelo, preferentes y desahucios, principalmente; el 70 por ciento de ellas afectaba al sector financiero. Y desde 2012 han presentado 35 demandas agrupadas.
Adicae ha emprendido una «humilde» campaña de formación en información financiera dirigida tanto a mayores como a jóvenes porque –reconoce– aún queda un largo camino por recorrer, si bien «es cierto que la mayoría no se fía ya tanto de las entidades e intenta comprender todo lo que va a firmar antes de hacerlo».