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Planta de San Pablo, donde se ensambla el A400M. /El Correo
La viabilidad de la planta sevillana de Airbus en San Pablo, donde se ensambla el A400M, está garantizada para la próxima década con la declaración de intenciones firmada ayer entre el consorcio aeronáutico y las naciones clientes de este avión de transporte militar.
Este es el balance que hace el Gobierno de España tras la reunión mantenida el pasado lunes en Londres por los países que componen el consorcio del avión A400M, a la que asistieron representantes de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, el Reino Unido, Turquía, de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) y de Airbus.
Según ha informado el Ministerio de Defensa, con este principio de acuerdo «se permite asegurar la viabilidad» de la FAL (Final Assembly Line) de San Pablo «durante la próxima década», así como «una ampliación en el plazo en la toma de decisiones sobre el destino final del último segmento de estas aeronaves».
La declaración de intenciones que Airbus ha firmado con las naciones clientes lanzadoras del A400M permite introducir este año una enmienda al contrato de lanzamiento del programa suscrito con estos siete países en la que se definirá, entre otras cosas, un plan actualizado de entregas y una hoja de ruta para completar sus capacidades militares, paso «esencial» para mitigar los riesgos asociados al futuro del programa.
En un comunicado, el constructor aeronáutico advirtió de que se está valorando un incremento, que «podría ser significativo», de la provisión para el contrato deficitario del programa del A400M en los resultados correspondientes al ejercicio 2017, decisión que hará pública el 15 de febrero, cuando presentará las cuentas anuales del grupo.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han mostrado hoy su preocupación por el impacto en el empleo dentro de Airbus y de la industria auxiliar aeronáutica andaluza ante la situación que vive el avión militar A400M, que «se une a la crisis que ya vive el C295 y el A380».
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, y el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-A, Manuel Jiménez, han señalado que no cuentan con información directa al respecto y habrá que esperar a que Airbus se reúne con el comité de empresa a nivel europeo y, luego, con el español.
Jiménez ha valorado la firma de la declaración de intenciones de Airbus con las naciones clientes del A400M «pero nos preocupa cómo va a afectar en el empleo la bajada de producción, de cadencia del A400M. Para este año se prevén once aviones y nueve para el que viene, y de sus consecuencias no nos han informado», ha subrayado.
Además, ha señalado que pedirán a la compañía que compense esta bajada de producción, a la que se suma también la del C295, con «la cantidad de trabajo que hay la división civil». «En el área de defensa las cosa no van bien, pero en la división civil van muy bien, estamos en récord históricos de pedidos y con esto se puede compensar la bajada del A400M y del C295», ha reclamado.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, ha deseado que la gestión que está llevando Airbus de la situación llegue «a buen puerto» y «el compromiso de los países se mantenga y no tenga un impacto en pérdida de empleo en España y en Andalucía».
«Hay que esperar a que pongan los datos sobre la mesa y poder tener una lectura de la letra pequeña», ha señalado Moreno Cerrejón, quien ha mostrado preocupación y tensión por el empleo. Asimismo, ha llamado a trabajar por que la FAL del A400M, cuando en futuro estén resueltos estos problemas, pueda «incrementar la producción y que esto repercute en positivo en el empleo».
Por último, ha recordado que ya en 2010, los países de la OCCAR, entre los que se encuentra España, acordaron compartir los sobrecostes del proyecto con una financiación adicional de 3.500 millones de euros a través de créditos a la exportación, que se sumarían a la dotación de 20.000 millones de euros con la que se lanzó el programa.