Las alarmas no dejan de sonar y no hay nadie que las pueda apagar. Cada vez que llega la paga extra de Navidad o de verano a los pensionistas les entra la angustia. ¿Habrá dinero para la siguiente? El Gobierno no deja de meter la mano en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS), una hucha en los huesos que durante años se fue engordando como colchón para el futuro.
Tan mala es su situación que, según las estimaciones de déficit de la Seguridad Social enviadas por el Gobierno español a la Comisión Europea, dicha reserva para asegurar la viabilidad del sistema público tiene apenas dinero para un año.
La principal causa de este agotamiento hay que buscarla en la destrucción de empleo durante la crisis. El sistema español es de reparto, por el que los trabajadores actuales y las empresas pagan a los pensionistas a través de sus cotizaciones.
La pérdida de cuatro millones de ocupados (de 20 a 16 millones de personas) ha supuesto una relevante merma de ingresos que no está siendo compensada con las nuevas contrataciones, con contratos a tiempo parcial y muy baja cotización. Además, se añade la importante devaluación salarial –próxima al 30 por ciento– de quienes han conservado su puesto de trabajo. Y los datos del nuevo año no son muy alentadores.
El gasto en pensiones sigue disparado. En lo que va de año se han destinado 8.648 millones de euros al pago de las prestaciones, un 2,08 por ciento más que hace un año y un récord histórico.
¿Qué es la ‘hucha’ de las pensiones y cuándo nació?
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue creado por la Administración central para garantizar el pago de las pensiones en tiempos de crisis o cuando los efectos del paulatino envejecimiento de la población pusiera contra las cuerdas las cuentas de la Seguridad Social (la proporción aproximada en España es de dos asalariados por cada pensionista). Ese momento crítico se produciría en torno a 2023 o 2025, vaticinaban los expertos a comienzos del presente siglo, pero la crisis tuvo efectos devastadores.
La idea fue lanzada en 1997, con el Gobierno de Aznar, aunque hasta 2000 el fondo no recibió su primera aportación: unos 600 millones de euros. Se estableció una medida de precaución para evitar que se quedara a cero o que se utilizara de golpe y porrazo: solo se podía disponer del equivalente al tres por ciento del gasto anual en pensiones contributivas y su gestión. Ese límite quedó suspendido en 2012 hasta finales de 2016. La medida sólo podrá ser prorrogada con el respaldo de una mayoría de las Cortes Generales.
¿Cuánto queda y cuánto se sacó?
La Tesorería General de la Seguridad Social dispuso en diciembre pasado de otros 9.500 millones de euros del Fondo de Reserva para afrontar tanto la paga ordinaria como la extraordinaria de Navidad. Tras este nuevo tajo, el más elevado realizado de una vez desde 2012, el Fondo de Reserva alcanzó los 15.915 millones de euros a 1 de diciembre, el 1,48 por ciento del PIB de 2015, aunque el valor de mercado es de 16.109 millones de euros, un 1,5 por ciento del PIB.
De contar con un colchón de casi 70.000 millones en 2011 se pasó a los 15.000 millones a cierre de 2016 y a unos números rojos previstos para 2017 de 2.600 millones de euros. Expertos y sindicatos exigen ya una reforma y un pacto de Estado que ponga freno al déficit que anualmente se eleva en torno a los 18.000 millones de euros.
¿Qué pasa si la reserva se acaba?
El Gobierno de turno debería habilitar mecanismos para financiar el déficit de la Seguridad Social a través de los Presupuestos o de otros procedimientos extraordinarios si, en un determinado momento, necesitara dinero adicional para pagar las pensiones. Todos los partidos son conscientes de la urgencia de revisar la actual financiación del sistema.
El pasado 9 de enero, la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, afirmó que no hay que dar «por descontado» que el Fondo de Reserva de las pensiones vaya a agotarse y recordó que la paga de las pensiones está «garantizada» por la totalidad de los ingresos públicos, y en «último extremo» el Tesoro sirve de «garantía» para la financiación del Estado y «en caso necesario de otras administraciones públicas».
Otra opción. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirmó a finales de diciembre que si el Fondo de Reserva se agotase, el Tesoro Público emitiría deuda para financiar las pensiones y aclaró que, en todo caso, el déficit público del conjunto de las administraciones sería el mismo.
Navarro, además, considera que «no debe darse por descontado» que se vaya a agotar dicho fondo, ya que aún cuenta con unos 15.000 millones de euros, y recalca que lo «relevante» en esta materia es la evolución del crecimiento y el empleo, de ahí que subrayase el incremento de más de 540.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social registrado el año pasado. Los expertos no opinan lo mismo porque el ritmo de desembolso en pensiones es tres veces superior al de la reactivación del mercado laboral.
Propuestas y quejas sindicales
Es tal la situación del sistema de pensiones público que los sindicatos han lanzado campañas como ¡No te quedes parado! Tu pensión es tu derecho... tu bienestar... y el de los tuyos... ¡Defiéndela!, de UGT, organización para la que asegurar la financiación del sistema de pensiones es «ineludible y urgente».
Se cotiza menos por la precariedad laboral, el desempleo es alto, la población activa disminuye... y la cifra que el propio Gobierno saca de la hucha de las pensiones es «alarmante», así que UGT lanzó una campaña para que los partidos dejen este problema fuera de su pugna política y, sea cuál sea el equipo de gobierno, se garantice el sistema público «ya».
¿Y qué proponen los sindicatos? En primer lugar, que se cubra el déficit de la Seguridad Social y se dote el Fondo de Reserva vía presupuestos, que se adopten fórmulas como la financiación a través de impuestos para el mantenimiento futuro del sistema, que se ingrese en la hucha los excedentes de ejercicios no ingresados, imposibilitar la libre disposición por el Gobierno de cantidades procedentes de dicho fondo, recuperar el consenso en el marco del Pacto de Toledo, derogar la reforma laboral del PP, lo que provocó «el hundimiento de las cotizaciones», que los incentivos a la contratación salgan de los Presupuestos Generales del Estado y no se sufraguen como hasta ahora por el sistema de pensiones. Además, que el Estado asuma los gastos de administración de la Seguridad Social, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, recuperar el IPC como garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y, sobre todo, crear empleo estable y con salarios dignos.
El secretario general de la UJP-A de UGT, Antonio del Moral, fue tajante: «Lo que quiere el PP es dejar las pensiones en manos de los fondos privados y de la banca».
Baby boom y más esperanza de vida
Y en este escenario, se avecina en los próximos años una dificultad añadida: la incorporación a la jubilación de la generación del baby boom de los años 60, lo que se traducirá en más pensionistas que cobrarán mayores cuantías que las actuales. Al mismo tiempo que se reducen los ingresos, aumentan los gastos. Y el empleo remonta muy lentamente.
Así, con las proyecciones demográficas de más jubilados respecto a trabajadores y con mayor esperanza de vida (vamos por 84 años de media y creciendo), se anticipan pensiones más bajas. La aplicación del factor de sostenibilidad, recogido en la reforma de 2013 y que comenzará a aplicarse a partir de este año, ajustará el cálculo de la cuantía de la pensión a la variación de la esperanza de vida. Las pensiones se reducirán aproximadamente un 5 por ciento cada diez años. Es decir, que el trabajador que se jubile ahora cobrará una pensión un 15 por ciento superior al de otro trabajador con la misma vida laboral pero que se jubile en 2050.
Esta medida se suma a la que también se adoptó y que introdujo el índice de revalorización, que condiciona la subida de las pensiones a que haya más ingresos que gastos en el sistema, y que sustituyó a la actualización por el IPC. Mientras exista déficit, el incremento se limita a un 0,25 por ciento, lo que implica de facto congelación y pérdida de poder adquisitivo.
No ha sido la única enmienda al sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, abordó el problema con medidas consensuadas con los agentes sociales: el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años (ahora hay que jubilarse con 65 años y tres meses) y la exigencia de contar con más años cotizados para cobrar el cien por ciento de la pensión (37 años en vez de 35), que se ajustará de forma progresiva hasta 2027.
Eso sí, no todas las pensiones son iguales. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una subida del 2 por ciento en las pensiones asistenciales y no contributivas, medida de la que se beneficiarán 105.402 personas (67 por ciento mujeres) en riesgo de exclusión social por su escaso nivel de renta. La decisión se adopta ante la congelación por parte del Gobierno central de las pensiones asistenciales y la subida de sólo el 0,25 por ciento de las no contributivas.
¿Cuántos pensionistas hay y qué cobran?
Según el último informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social Pensiones de Seguridad Social, a 1 de enero de 2017, en Sevilla se conceden 361.006 pensiones, el 3,8 por ciento del total nacional y un 1,6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. La cuantía media entre los sevillanos es de 852 euros, un 1,8 por ciento más que hace 365 días.
En cuanto a Andalucía, hay 1,5 millones de personas que cobran algún tipo de pensión de la Seguridad Social (de orfandad, incapacidad permanente, jubilación, viudedad o favor de familiares), un 1,5 por ciento más que hace un año. Un aumento que supera en tres puntos al dato nacional. Eso sí, la pensión media española supera a la andaluza con 913 euros frente a los 821 euros que cobra un pensionista andaluz de media.
Por provincias andaluzas, Málaga y Cádiz siguen a Sevilla en número de pensionistas y en aumento de esa cifra: la provincia malagueña cuenta con 255.815 pensionistas (+2,7 por ciento) y la gaditana, 212.018 (+2,2 por ciento).