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Interior de una zapatería Marypaz en época de rebajas, en una imagen de archivo. / José Manuel Cabello
La cadena sevillana de zapaterías de bajo precio Marypaz, que a principios de abril presentó el preconcurso de acreedores con una deuda de 40 millones con sus proveedores, emplea en la provincia de Sevilla en torno a 130 personas que se enteraron por la prensa de la situación de la empresa, explicó ayer el secretario de acción sindical de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT Sevilla, Enrique Jiménez.
En las catorce tiendas que la empresa tiene en Sevilla trabajan cerca de 40 empleados, a los que hay que sumar otros 60 del centro logístico de Dos Hermanas y otros 30 que operan en la sede ubicada en el Polígono La Negrilla. Aunque los trabajadores no se han enterado hasta esta semana del preconcurso –fórmula que le permite blindarse ante los acreedores durante cuatro meses para tratar de renegociar la deuda y llegar a un acuerdo– «los retrasos continuados en el abono de las nóminas, de entre una y dos semanas, mostraban que algo no iba bien», según UGT.
Pese a tener representación sindical en el centro logístico, UGT tampoco ha sido informada de la decisión, por lo que reclama una reunión de urgencia con la empresa, que tendrán que «solicitar formalmente», explicaron fuentes sindicales.
El pasado 8 de abril Marypaz solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal. El motivo de esta decisión es la deuda de más de 40 millones que la cadena de zapaterías tiene con sus proveedores, principalmente con dos de ellos que fabrican en Elche, si bien la mayor cuantía se la adeuda a su proveedor chino, al que le compra el 70 por ciento de su mercancía, señaló el sindicato en un comunicado.
Marypaz tiene 400 tiendas propias en España con 1.200 trabajadores y otras 40 en Portugal, e inició su expansión internacional en Francia, Kuwait, Arabia Saudí, Guatemala, República Dominicana, Qatar, Egipto y Honduras.
El preconcurso impide a cualquier acreedor instar un concurso necesario con el que la firma perdería el control de la gestión en favor de administradores concursales designados por el juzgado.