El cangrejo rojo, uno de los pilares económicos del municipio de Isla Mayor, está en jaque mate después de que el Tribunal Supremo haya prohibido en una sentencia la pesca y comercialización de esta especie invasora. Hasta ahora esta actividad se permitía en una disposición específica del Real Decreto 630/2013, que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras.
La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, a raíz de un recurso promovido por Ecologistas en Acción, falló el 16 de marzo la anulación «en su totalidad» de la disposición que validaba la actividad de extracción, comercialización, tenencia o transporte del cangrejo rojo. Una medida que es un «jarro de agua fría» para un sector que factura al año 20 millones de euros y genera en torno a 200.000 jornales entre la pesca y la transformación de este crustáceo en el Bajo Guadalquivir.
Arsenio Romero, responsable de Seefood, una de las cinco empresas dedicadas a esta actividad en el municipio, asegura que el desconocimiento que hay a nivel nacional de la importancia de la industria es uno de los motivos por los que ha salido adelante el recurso de los ecologistas. El 90 por ciento de la producción de cangrejo rojo que sale de esta comarca sevillana va para abastecer al extranjero, colocándose como el segundo mercado que más cangrejo rojo exporta del mundo, solo por detrás de China.
Uno de los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción es la carente conexión entre la comercialización del cangrejo rojo y su interés genético. Y apunta que «el concepto de la zoogenética no ampara las actuaciones sobre comercialización destinada a la industria alimentaria» que se recoge en la disposición específica que daba luz verde a la actividad económica relacionada con este crustáceo.
Sin embargo, la industria insiste en que el cangrejo rojo es de interés «en tanto que el 70 por ciento la población activa de Isla Mayor se dedica a su pesca, transformación y comercialización».
Mientras pescadores y transformadores esperan con temor a que el Boletín Oficial del Estado publique el fallo del Supremo que sentenciaría a la industria isleña, todos los grupos políticos del municipio –PSOE, PP, IU y PA–, la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), el gerente del Espacio Natural de Doñana, Juan José Chans, y el delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Manuel Benítez, se reunieron ayer para marcar la hoja de ruta que seguirán con tal de evitar que el fallo sea definitivo. Aunque la sentencia recoge que «no cabe recurso ordinario alguno», la industria y el Gobierno municipal aseguran que la recurrirán por lo contencioso-administrativo. Además, plantean movilizaciones para mostrar el rechazo a este fallo.
Según los ecologistas, el cangrejo rojo no es «un recurso que, por su valor genético, pueda favorecer la conservación, fomento o mejora de las razas». Una afirmación con la que discrepan tanto la industria como el Espacio Natural de Doñana, quienes recuerdan que el cangrejo rojo forma parte de la cadena trófica de las aves del entorno. Además, la prohibición de la captura de cangrejo rojo podría derivar en una superpoblación que sólo podría controlarse a base de tratamientos químicos, que no sólo acabarían con esta especie, sino con muchas otras, apuntan los afectados.
