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Ejemplares de cangrejo rojo americano en Isla Mayor. / Pepo Herrera
El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad que presentó el Estado el pasado 20 de abril sobre la sentencia que prohíbe la pesca y comercialización del cangrejo rojo. Siete días después, la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal emitía un dictamen en el que «procede a inadmitir a trámite» el intento del Gobierno central de paralizar una prohibición que dejaba en fuera de juego a una industria que sólo en Isla Mayor genera 20 millones de euros, después de que el Supremo anulara la disposición específica del Real Decreto 630/2013, que permitía hasta ahora esta actividad, a raíz de un recurso presentado por Ecologistas en Acción y varios colectivos conservacionistas.
El Alto Tribunal todavía tiene que pronunciarse sobre el incidente de nulidad que interpuso la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua). Pero el no rotundo al Estado no presagia nada bueno.
Pese a este nuevo jarro de agua fría para la industria cangrejera, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, mostró cierta esperanza ante la posibilidad de que la sentencia del Supremo no tuviese efecto si la Junta de Andalucía da luz verde a un plan de control o erradicación de la especie invasora. Esta estrategia «permitiría mantener la actividad económica y el empleo sin tener que modificar ninguna ley», explicó Sanz después de mantener una reunión con las empresas transformadoras, los cangrejeros, el consistorio isleño y miembros del Gobierno andaluz.
Un rayo de luz en medio de la oscuridad en la que la industria está inmersa desde hace mes y medio que contempla el artículo 64.3 de la Ley 33/2015, que modifica la norma del año 2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta posibilidad todavía es un borrador en la mesa de la Junta, pero Sanz confía en que esté lista en las próximas semanas y que su aplicación sea inmediata.
En otras comunidades ya se ha aplicado un plan parecido. Según el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, «el Gobierno extremeño permite la captura del cangrejo rojo a través de una veda de pesca». Por eso, la opción de que la Junta tenga en su mano la próxima jugada para salvar al crustáceo de origen americano es más que válida pero no la tendrán en cuentas hasta que no esté aprobada, sostiene Molero.
Por el momento, el pueblo sigue maniatado. Los cangrejeros no saben si coser o no las nasas –redes de pesca– y las empresas de transformación no están encargando cajas ni bolsas de cara a la campaña que debería de empezar en agosto, «pedido que ya estaba hecho el año pasado por estas fechas», sostiene Mercedes Egea, responsable de Emfacar, una de las cinco empresas que conforman la industria.