Pasó el mes de febrero y el Ayuntamiento aún no ha firmado el convenio con el Consorcio de la Zona Franca para que el Puerto de Sevilla pueda acometer la obra del vallado del recinto. Y los plazos cada día son más ajustados, porque, por orden ministerial, el cerramiento tiene que estar acabado el próximo 1 de septiembre. Y hay que licitar, adjudicar y ejecutar la obra, con los trámites que todo ello conlleva.
¿Qué es lo que ocurre? Todas las partes, Ayuntamiento, Consorcio de la Zona Franca y Puerto están de acuerdo en la operación, pero los trámites municipales están retrasando un vallado del que depende la existencia de la Zona Franca en los terrenos portuarios de Torrecuéllar.
Tras las contundentes declaraciones del delegado especial del Estado en la Zona Franca, Javier Landa, a este periódico: «Si el vallado no está el 30 de agosto, no habrá Zona Franca», el presidente del Puerto, Manuel Gracia, apuntó el pasado 12 de febrero que aún «estamos en plazo», si bien añadió que para cumplirlo «el encargo del Ayuntamiento al Consorcio y de éste al Puerto debe hacerse en febrero». Gracia añadió que el objetivo es que la obra se pueda licitar en marzo para que se pueda adjudicar en abril o mayo y, así, como requiere «tres meses de trabajos», pueda estar acabada el 31 de agosto. Sin embargo, la obra difícilmente saldrá a concurso en marzo y, de hacerlo, será en los últimos días de este mes.
«Se está ultimando» y «en breve» se firmará el convenio, aseguran desde el Consistorio que dirige Juan Espadas, pero lo cierto es que el Puerto no podrá empezar sus trámites, en el mejor de los casos, hasta Semana Santa, casi a final de mes.
El convenio para encargar el vallado al Consorcio y que éste, a su vez, encomiende la obra al Puerto, al que posteriormente el Ayuntamiento pagará la obra –de alrededor de un millón de euros– tiene que pasar por la Junta de Gobierno municipal y el Pleno del Consorcio de la Zona Franca, que tiene que convocar precisamente Juan Espadas. Algo que podría producirse los primeros días de Semana Santa.
Además, una vez que el convenio ya está redactado y tiene beneplácito de todas las partes, falta esperar la aprobación definitiva del Presupuesto municipal, así como el visto bueno del interventor.
En dicho convenio, el delegado especial del Estado en la Zona Franca ha incluido un epígrafe para que el vallado no se quede a medias. Aunque ahora sólo se proceda al cerramiento definitivo de la zona en la que ya hay empresas –Jannone, TRH, CIL Torrecuéllar (Inabensa de Abengoa), Sevitrade, Reciclajes Navales e Hispalense de Líquidos–, el Ayuntamiento se compromete, cuando haya más interesados en instalarse allí, a acabar el vallado de las 72 hectáreas. La falta de tiempo y de presupuesto hicieron que Espadas propusiese delimitar el terreno vacío de forma provisional.
El presidente del Puerto incluso indicó que para acelerar el proyecto la Autoridad Portuaria ya redacta el proyecto y su presupuesto. «La Zona Franca supone un elemento más de incentivo para la atracción de actividad económica. Es importante, un valor más que ofrecer a las empresas», destacó Manuel Gracia.