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Restos de cangrejo rojo en las marismas del término municipal sevillano de Isla Mayor. / Txetxu Rubio
Todos a una. Ayuntamiento, grupos políticos municipales y provinciales, productores, pescadores, agricultores, industria, arroceros, regantes, sindicatos... Incluso representantes del parque nacional Doñana. La reunión celebrada ayer en Isla Mayor, que congregó a la práctica totalidad de agentes implicados, tiene un objetivo común. Intentar recuperar la actividad del cangrejo rojo, un sustento económico para el municipio de Isla Mayor, pero que también tiene repercusión sobre otras localidades vecinas como Los Palacios, Trebujena, La Puebla del Río y Las Cabezas de San Juan, entre otros.
El mazazo ha llegado con una «contundente» sentencia del Tribunal Supremo a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción que anula la excepción que permitía la pesca y comercialización del cangrejo rojo destinado a la industria alimentaria, incluido en el catálogo de especies exóticas invasoras.
El fallo se conoció la semana pasada, pero los problemas se arrastran desde hace más tiempo, según explica el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero. Esta excepción se permitió en una disposición específica del Real Decreto 630/2013, que se arbitró entonces como una solución provisional pero que nunca quedó regularizada de forma definitiva, y que es la que ahora anula el Alto Tribunal.
El próximo paso a dar lo marcarán los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que llevan afanados en cómo argumentar la necesidad de retomar esta actividad económica desde el lunes de la semana pasada. «Somos muy conscientes de que la sentencia es muy contundente, pero el trabajo se centrará en tratar de buscar la nulidad de la misma», explica el regidor. Así, la intención es presentar informes medioambientales y económicos que aclaren el impacto del fallo del Supremo, con la intención final de modificar y adecuar la ley a la realidad de esta especie. Los contactos entre el Gobierno regional y el Ministerio de Agricultura ya se han iniciado.
De hecho se trata de un sector que factura al año 20 millones de euros y genera en torno a 200.000 jornales entre la pesca y la transformación de un crustáceo que se destina, en un 80 por ciento, a los mercados exteriores.
De la reunión de ayer, en la que se acordó crear una plataforma de trabajo para agilizar las acciones a tomar, se decidió además «solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se persone jurídicamente en contra de la sentencia del Tribunal Supremo», informó el Consistorio en un comunicado.
Además de declarar organización «non grata» en el municipio a Ecologistas en Acción, se invitará a las diferentes asociaciones verdes a debatir sobre el cangrejo del río «para saber las razones que les han llevado a incluir en el catálogo de especies invasoras y así hacerles entender la realidad de este sector». Junto a ello, se publicará en la web municipal un manifiesto para que todo el que quiera pueda mostrar así su apoyo.
El presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, Verónica Pérez (PSOE), Manuel Gracia (presidente de la Autoridad Portuaria), Juan Bueno (PP), y alcaldes como el de Los Palacios mostraron su apoyo y su intención de trabajar para regularizar y recuperar así esta actividad.