La conflictividad laboral no entiende de recuperación

En el arranque del año se cuadruplicaron los expedientes temporales

19 abr 2017 / 22:30 h - Actualizado: 19 abr 2017 / 22:31 h.
"Economía"
  • Trabajadores de Abengoa protestan contra los expedientes de empleo. / J. M. Vidal (Efe)
    Trabajadores de Abengoa protestan contra los expedientes de empleo. / J. M. Vidal (Efe)

El mercado laboral ha marcado un arranque de año repleto de contradicciones. Mientras que se recorta el desempleo, crece el número de expendientes de regulación de empleo (en su mayoría de carácter temporal) y con ellos hay un repunte de la conflictividad laboral. Sólo en el primer mes del año, Andalucía registraba un alza en el número de trabajadores afectados por este tipo de regulación laboral de un 240 por cien, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sevilla estrenaba el año con 412 personas afectadas por regulaciones de empleo, la inmensa mayoría (233) por despidos colectivos, 169 por suspensión de contrato y 10 con reducción de jornada.

En la capital andaluza, desde que arrancó 2017, no ha habido semana libre de conflicto laboral. Abengoa, por ejemplo, con el anuncio de nuevos expedientes en su filial Inabensa –uno extintivo que afecta a 56 personas y otro de carácter temporal para 165 empleados–; o Alestis, con sus movilizaciones por el ERE para 70 trabajadores. Por otro lado, están los 13 trabajadores en huelga del Horno de San Buenaventura, a los que se les adeudan nueve nóminas, y que reclaman mayor celeridad en el proceso de ERE. O los trabajadores de la sede sevillana de Fujitsu, que a finales de marzo conocieron la intención de la compañía de despedir a 13 personas de esta delegación, más otras 162 en el resto de España.

Aunque el despido no entiende de sectores, el secretario de Accción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, sostiene que la salida de la crisis que está viviendo Sevilla es a costa de un proceso de «desindustrialización» y recuerda que en los últimos 15 años la capital hispalense ha perdido el 20 por ciento del peso industrial. No hay más que echar la vista atrás, concretamente a noviembre de 2015, cuando Abengoa destapó la caja de Pandora. «Desde entonces se han presentado 25 expedientes laborales», matiza el secretario de Acción Sindical de UGT Sevilla, Diego García Cebrián. La traducción es de unos 2.000 trabajadores afectados, «aunque podrían haber sido muchos más sin no hubiera existido la negociación».

La reforma laboral de Mariano Rajoy, aprobada en 2012, disparó el uso de expedientes de regulación de empleo por motivos económicos, pero con la normalización de la economía el descenso de éstos no se traduce en una mejora de la regulación laboral. De hecho, coinciden los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que dicha norma ha facilitado el despido también individual o de pequeños grupos, que no llegan a ser calificados como despidos colectivos, pero que no dejan de ser un goteo incesante.

Esta tendencia, unida a la moda de la temporalidad, «maquilla» las cifras reales de desempleo, señala García Cebrián. Los contratos por horas o proyectos hace que al finalizar el periodo no se entiendan como despidos, «además, por lo que antes tenían a una persona contratada, ahora con los contratos por horas o a media jornada –que en realidad son a jornada completa, pero remunerada en negro– tienen a dos o tres, lo que maquilla las cifras reales del paro», explica. «Habrá más contratos pero también más precariedad», recalca Aristu.

De hecho, a diferencia de los despidos colectivos (40 por ciento más) y los expedientes temporales (240 por ciento más), las reducciones de jornada son los únicos que disminuyen, un 37 por ciento menos, en Andalucía, según los datos del Ministerio.

Y no hay indicios de que el resto del año sea mejor, señala el portavoz de UGT, quien recuerda que hay más de 240 trabajadores de los mataderos de ave y conejo en la provincia que están en huelga en protesta por no llegar a un acuerdo en el convenio colectivo, así como miles de trabajadores del Ayuntamiento y empresas municipales que reclaman la jornada de 35 horas semanales.