Dicen los políticos y entendidos en la materia que la economía repunta, y con ella uno de los sectores más castigados durante la crisis: el de la construcción. La obra nueva se está reactivando, promociones todas ella de carácter privado; pero ¿qué está pasando en la obra pública? ¿Es suficiente la inversión acometida por las administraciones para el resurgir de este sector? Son preguntas que intentaron responder representantes de los ingenieros de caminos andaluces, patronal y consultores durante la mesa redonda que se celebró ayer en el marco del encuentro organizado por El Correo de Andalucía sobre Los efectos de la inversión en infraestructuras, y que contó con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la colaboración de Ceacop y Sando.
Pero los expertos en la materia, más que hablar de los efectos de la inversión en infraestructuras –de lo que ya se encargó el consejero de Fomento, Felipe López–, sacaron a relucir los «defectos» de la inversión. «Además de invertir poco, lo hacen donde ya se había hecho. La mayoría son obras que ya se habían anunciado», criticó el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, José Abraham Carrascosa, quien mostró su rechazo a la huida que emprendieron gran parte de los políticos asistentes, tras la intervención del consejero.
La ampliación de la línea del metro de Sevilla, la ejecución de los túneles de la SE-40 o la variante de Roquetas de Mar son sólo ejemplos de obras que se anuncian una y otra vez, se dotan todos los años de inversión y que llevan acumulados años y años de retrasos.
Por eso, desde la patronal Ceacop reclaman unos presupuestos «reales, tangibles y que (por una vez) se lleven a cabo (al 100 por cien)», sostuvo su presidenta, Ana Chocano. Una reclamación que se basa en los datos de 2016: mientras que los presupuestos de la Junta de Andalucía y el Estado contemplaban una inversión en infraestructura de 3.300 millones para la comunidad, «sólo se adjudicaron 720 millones, que no significa que se hayan ejecutado».
Las cifras no sólo responden a una caída de la licitación de obra pública, sino a un descenso de los precios de licitación. Gran parte de los proyectos se adjudican incluso por debajo del 50 por ciento del valor de la obra, ya que desde las administraciones españolas tradujeron erróneamente la normativa europea que estipula que todas las obras se tienen que ofrecer a la propuesta más ventajosa, que no la más barata. Sin embargo, en España «se adjudican obras a precios imposibles de ejecutar», lamentó el director general de Construcción de Sando, Jaime Rodríguez.
Valor social
Ingenieros y empresas hacen frente a la demonización a la que se somete la obra pública en silencio, pero recalcan el valor social que aporta. Así lo recoge un informe de Ceacop, que indica que de cada euro de inversión pública en infraestructura más del 0,50 se revierte en las arcas públicas, recordó el director general de Consultores de Ingeniería UG 21, Manuel González Moles.
Durante la crisis, la obra pública se vio relegada a un segundo plano por la educación, la sanidad y los servicios sociales. Sin embargo, la realidad es que sin carreteras ni el niño va al colegio ni el enfermo al hospital.
Por eso, patronal, profesionales y consultores reclaman una planificación real para cubrir las necesidades de la sociedad y reclaman a las administraciones «que planifiquen, eliminen la caja única, cumplan con la ley de morosidad y se den un paseo por las administraciones paralelas y evalúen las eficiencias», aconsejó Manuel Gómez a los únicos representantes de la política andaluza que se quedaron a escuchar a los afectados por la caída de la obra pública.
