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El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, junto con otros ministros y delegados, ayer durante la presentación. / Etienne Laurent (Efe)
La OCDE revisó ayer al alza la previsión de crecimiento este año para la economía española hasta el 2,8 por ciento, una décima más de lo que había anticipado en noviembre y de lo que espera el Gobierno, pero recortó la de 2017 en dos décimas para dejarla en el 2,3 por ciento.
En su informe semestral de Perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra para 2016 mayor optimismo que la Comisión Europea (que augura un 2,6 por ciento), pero menos para 2017 (el Ejecutivo comunitario calcula un 2,5 por ciento). La razón es que algunas «fuerzas positivas» como los precios baratos del petróleo y de las materias primas o la política fiscal, que favorecen el consumo este ejercicio, ya no tendrán el mismo efecto en 2017.
Otro factor que tira del consumo –principal vector de la recuperación en España– es el crecimiento del empleo, que según la organización, se traducirá en una reducción de la tasa de paro del 22,1 por ciento de media en 2015 al 19,8 por ciento en 2016 y al 18,4 por ciento en 2017.
Aun así, España continuará estando en el furgón de cola en términos de tasa de paro, sólo superado por el 23,2 por ciento de Grecia, y seguiría muy lejos tanto del tercer país peor calificado, Portugal (11,5 por ciento), como de la media de la Zona Euro (9,8 por ciento) y de la OCDE (6,2 por ciento).
Los autores del informe advierten de que, en caso de persistir, la incertidumbre política instalada desde las elecciones de diciembre pesará en los dos factores que componen la demanda: la inversión y el consumo.
Otro aspecto de preocupación es el de las cuentas públicas, y a ese respecto, hacen notar que para garantizar que la deuda sea sostenible, habrá que mejorar la balanza estructural.
Según sus cálculos, el déficit público que en 2015 se quedó en el 5,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), muy lejos por encima del objetivo, bajará al 3,7 por ciento en 2016, como estima el Gobierno, pero no coincide con el 2,5 por ciento que se espera para 2017, sino que prevé un 2,7 por ciento.
La consecuencia de todo eso es que la deuda volverá a incrementarse hasta el 100,3 por ciento del PIB este año y se situará en el 100,1 por ciento en 2017, en parte por la inflación, que por tercer año consecutivo volverá a ser negativa (-0,5 por ciento de media) antes de pasar a ser positiva en 2016 (uno por ciento).
Sin embargo, la OCDE considera que en las condiciones actuales de muy bajos tipos de interés hay margen para que sus países miembros, incluido España, recurran al gasto público para políticas dirigidas a incrementar el ritmo de crecimiento, que a la larga es la garantía para que la deuda sea sostenible.
La economista jefe de la OCDE, Catherine Mann, precisó esta recomendación incluida en su informe semestral de Perspectivas en respuesta a una pregunta sobre si cree que España tiene margen para incrementar el gasto público con riesgo de volver a incumplir sus compromisos europeos de reducción del déficit. «La clave de la sostenibilidad de la deuda no es el numerador, es el denominador, el PIB», subrayó, para añadir que en un momento en el que los Estados pueden endeudarse a tipos de interés casi negativos, es pertinente una «expansión fiscal».
Eso sí, puntualizó que se trata de dedicar ese gasto público a proyectos con recorrido de una decena de años que refuercen la capacidad de la economía para elevar el ritmo de crecimiento, que es el principal problema.
La OCDE constata que España tiene un problema de baja productividad que dificulta generar un crecimiento sostenible.
El conocido como el club de los países desarrollados reconoce que las recientes reformas estructurales, del mercado de trabajo, del sector financiero o las dirigidas a contener la fragmentación del mercado de productos y de servicios «han ido en la dirección correcta». Pero para que remonte la situación de la productividad y crear empleos bien pagados, hay que incrementar la competencia, las capacidades de la población y la innovación.
Se trata a su juicio, entre otras cosas, de reducir las barreras de entrada a profesiones reglamentadas, mejorar las oportunidades de los parados y facilitar su retorno al mercado de trabajo. Eso pasa por movilizar los recursos y la eficiencia de los servicios públicos del empleo, reforzar la activación en la búsqueda de trabajo con más fondos para la formación, pero también por abordar el problema del abandono escolar y dar una segunda oportunidad a los que no han completado la educación secundaria.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, valoró las nuevas previsiones de la OCDE, sobre todo, «en un contexto de desaceleración de la economía mundial, de las economías desarrolladas y de las europeas».