Las mujeres del campo siguen sin quitarse el casco de Hades, ese que, según la mitología griega, tenía el poder de hacer invisible a todo aquel que lo llevara puesto. El trabajo de las agricultoras y ganaderas se sigue considerando como una ayuda familiar y no figuran como titulares de las fincas.
El 5 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias y, cinco años después, en Andalucía sólo se han recibido cinco solicitudes de inscripción en el registro nacional. En España, se han presentado 179, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Las organizaciones agrarias, por su parte, aseguran que no se han formalizado ni siquiera esas cinco solicitudes de inscripción en el registro, por lo que ninguna andaluza se acogió a la medida estatal aún. ¿Por qué? Son muchas las razones por las que la invisibilidad permanece.
La «desidia» de las diferentes administraciones, las trabas burocráticas, la falta de recursos e incentivos y la escasa comunicación con el sector están obstaculizando que el reconocimiento jurídico, económico y social de la mujer sea una realidad, según defiende COAG. La normativa se quedó en el BOE, no llegó al campo.
A efectos prácticos, la crisis económica y el tener que asumir el doble gasto de seguridad social también influye, no siendo suficiente lo que recoge la ley de que todo cónyuge menor de 50 años que se constituya como titular de una explotación agraria con titularidad compartida tendrá derecho a una reducción del 30 por ciento en la cuota a la Seguridad Social durante cinco años.
Por eso COAG propone que, al igual que la titularidad compartida tiene su NIF propio y es un ente jurídico al que se le imputan derechos y obligaciones aunque sin personalidad jurídica, exista un sello específico que permita cotizar a la seguridad social a las personas que componen esa explotación. Se trataría de algo parecido a un sello familiar, que englobaría a ambos cónyuges o personas en análoga relación de afectividad.
Otra opción para incentivar que las mujeres se den de alta sería aumentar el porcentaje de reducción de la cuota de Seguridad Social al menos a un 50 por ciento.
Para el Gobierno andaluz, la Ley española de Titularidad Compartida supuso un «momento de inflexión» en la visibilidad del papel de la mujer en la actividad agraria. La Consejería creó el modelo de declaración de titularidad compartida necesario para tramitar la inscripción en el registro estatal y se difundió el concepto a través de material divulgativo y de la web. Sin embargo, la propia Junta admite que, pese al esfuerzo realizado, los efectos de la ley han sido muy escasos.
«Esta situación pone en evidencia que la desigualdad y las dificultades que impiden aflorar la participación de la mujer persisten. Desgraciadamente, la tendencia actual continúa siendo que el hombre asuma los costes sociales y laborales de la titularidad de la explotación si la unidad familiar se ve obligada a elegir entre uno de los miembros de la pareja», aseguran desde el Gobierno andaluz. De hecho, la consejería considera preciso llevar a cabo otro tipo de actuaciones que aborden en profundidad las razones de la desigualdad y avance en equiparar a hombres y mujeres en todos los ámbitos. Por supuesto, también en el campo. Por eso mismo Agricultura puso en marcha, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Política Sociales, el Plan de igualdad entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera.
Según los datos oficiales, las andaluzas ocupadas en las actividades agrarias representan el 26,2 por ciento de los ocupados del sector (según datos del Servicio Andaluz de Empleo de 2015), mientras que en Europa la cifra sube hasta el 35,6 por ciento.
Las mujeres de la región representan sólo el 30 por ciento de la titularidad de las explotaciones agrícolas y el 13,7 por ciento de las ganaderas (censo agrario de 2009).
Asaja pide incentivos a la Junta
La organización agraria Asaja ha pedido una revisión urgente de la aplicación de la Ley de Titularidad Compartida en Andalucía, con incentivos y con medidas que contribuyan a mejorarla para adaptarla a la realidad de las agricultoras. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera «esencial la equiparación de las reducciones de la cotización a la Seguridad Social hasta el 50 por ciento en todo el territorio nacional, la supresión de los límites de edad para beneficiarse de esta y otras medidas fiscales, o la libre elección del régimen en el que quiera cotizar cada trabajadora». También solicita que las mujeres que se den de alta como cotitulares tengan derecho a la baja por maternidad; que aquellas que empiecen a cotizar pasados los 50 años de edad sean compensadas desde la administración para percibir la pensión de jubilación, y que exista la opción de contratar a las mujeres por cuenta ajena, como actualmente sucede con los hijos. El objetivo de la ley era profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, visibilizar el trabajo de ellas y ayudar al asentamiento de la población rural. ~