La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) ha incluido en su orden del día para la XXXIX sesión del Comité de Patrimonio Mundial, que se está celebrando en Bonn (Alemania) del 28 de junio al 8 de julio, la votación del informe del estado de conservación del espacio natural de Doñana realizado por la misión de observadores conformada por representantes de la propia Unesco, el Convenio Ramsar y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que el pasado mes de enero visitó este entorno, que se acometería entre el 1 y el 2 de julio.

En las conclusiones de la misión internacional, que pretendía observar el estado de cumplimiento de las peticiones formuladas a nivel internacional respecto a la conservación del entorno en la última visita de estos entes al lugar el pasado año 2011, incluidas como informe previo y consultadas por Europa Press, destaca que se urja «fuertemente» al Estado español, interlocutor con el organismo internacional, para adquirir un compromiso «permanente» de cancelar el proyecto de dragado en profundidad del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla y de no permitir ningún futuro plan en este sentido.

Asimismo, la Unesco, que asegura acoger con gran «preocupación» la adjudicación al Grupo México-Minorbis del proceso de reapertura de la mina de Aznalcóllar, también insta al Gobierno español a asegurar la prioridad de un plan de prevención de riesgos que incluya los recursos necesarios al inicio de las operaciones mineras, al objeto de habilitar una respuesta rápida en caso de accidente, así como que el impacto potencial sobre el valor universal excepcional del bien queda «completamente evaluado».

El organismo toma estas resoluciones después del análisis establecido por la misión internacional, la cual, respecto al dragado, da cuenta de una carta fechada el 25 de marzo de 2015 en la cual el Gobierno de la nación avisaba al Comité de Patrimonio Mundial de «una sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el proyecto de dragado» -que el Comité aplaude-, en referencia al fallo judicial que recalca que la iniciativa no puede ser incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Al respecto, los observadores apuntan en sus conclusiones y sugerencias al Comité que, si bien no se recomienda la inscripción de Doñana en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, sí se anima a que se aliente «intensamente» al Estado en el sentido de un compromiso «permanente» para la cancelación de esta actuación.

En relación a Aznalcóllar, la misión apunta «la mayor preocupación» por la reapertura al recordar la rotura de la balsa que produjo en 1998 el vertido tóxico. Por ello, se aconseja asegurar la evaluación de los impactos potenciales, «incluyendo y sin limitarse a los derivados del uso hídrico en la mina».

Por lo demás, el Comité de Patrimonio Mundial se congratula de la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que la Junta llevó a cabo sobre el proyecto de almacenamiento y extracción de gas, y que, según ha trascendido, se ha saldado con un dictamen desfavorable en cuanto al proyecto que atañe al subsuelo del espacio natural. También se reclama la evaluación del impacto potencial de la iniciativa para el valor universal excepcional del bien.

Por último, requiere de la administración la presentación al propio Comité del Plan de Regadíos del Norte de la Corona Forestal de Doñana y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aludiendo a las necesidades ecológicas de conservación del parque, así como una actualización de los informes sobre el incremento de los recursos hídricos para la agricultura y que se asegure el control regular de los acuíferos.

La Unesco pide a España tener enviado para el 1 de diciembre de 2016 un nuevo informe actualizado del estado de conservación de Doñana y las actuaciones implementadas para someter al espacio a un nuevo examen en la XLI sesión del Comité de Patrimonio Mundial en 2017.