Hasta 30 años de documentos están recopilando las empresas olivareras españolas afectadas por el aviso de inicio de aranceles por parte de Estados Unidos para gravar con hasta el 7,24 % la entrada de aceituna de mesa española en suelo estadounidense.
Un dato que hizo público este miércoles el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, después de una reunión de urgencia entre los afectados por la entrada en vigor de estos aranceles y el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.
Un encuentro en el que estuvieron también el presidente de Asemesa, Carlos Camacho, José Ignacio Montaño, director general de Agro Sevilla y Francisco Escalante, director general de Aceitunas Guadalquivir.
En una comparecencia de prensa en la que se expusieron todos los temores y soluciones que el sector tiene encima de la mesa sobre este asunto, De Mora ha indicado que, de momento, el sector calcula que tendrá que invertir unos cinco millones de euros en los despachos de abogados tanto en Europa como en Estados Unidos para afrontar el largo proceso judicial que se avecina, para contrarrestar una medida que, eso sí, tiene carácter preliminar, como resultado de la investigación que abrió en julio el Departamento de Comercio a instancias de los productores de aceituna californianos agrupados en la denominada ‘Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras’.
Carlos Camacho, propietario de la empresa que lleva su nombre en Morón de la Frontera, una de las más importantes del mundo de su ramo, ha puesto el acento en que el sector va a pelear por unos derechos consolidados a lo largo de los años, y demostrar que las ayudas que ha recibido, que le colocan en primera línea a la hora de exportar, son totalmente legales.
El sector se ha unido en torno a la iniciativa que lleva la Junta de Andalucía en este sentido. Sánchez Haro dijo a los exportadores en la citada reunión que se va a plantear un recurso ante la Organización Mundial del Comercio, “que establece las reglas de las ayudas, lo que es legal o no”, recurso que, aunque lo promueva la Junta, “lo debe presentar la Comisión Europea”.