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El aceite de oliva se ha convertido en la producción agraria más rentable. / José Pedrosa (Efe)
El campo andaluz, que da de comer a la mitad de los trabajadores dados de alta en el sistema agrario español, encara el año nuevo intentando despejar la gran incógnita: ¿es rentable? La renta agraria durante 2016 subió un 5 por ciento respecto a 2015. Sin embargo, las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, matizan. Ese dato es «engañoso» porque el aumento es consecuencia directa de una mayor producción y no tanto por unos mejores precios percibidos por el agricultor.
No en vano, los precios bajaron un 4 por ciento de media en 2016. Así lo explican el secretario general de COAG, Miguel Blanco, y su homólogo andaluz, Miguel López. El mismo análisis hace la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que reitera que el sector está «abandono por las instituciones» a pesar de su carácter estratégico y de su aportación positiva en renta, empleo y balanza comercial.
En cuanto a la producción, destaca a nivel nacional el aumento del aceite de oliva (69,9 por ciento) y de los cereales (18,1 por ciento). Sin embargo, a pesar de la tendencia alcista, desde 2003 (año de la reforma de la PAC) el sector agrario se ha dejado por el camino el 21 por ciento de su renta, según López. Y es que sólo el olivar y algunos cítricos se han salvado de la bajada de precios que es «la espada de Damocles, un problema sin resolver que afecta, sobre todo, a los cereales, girasol, maíz y remolacha», según Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. En su opinión, es urgente «el reequilibrio de la cadena alimentaria».
Al igual que Asaja, COAG sostiene que se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, «desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y, por tanto, la renta de los agricultores y ganaderos».
Otro de los problemas que preocupa es el creciente envejecimiento del sector, que «evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado». En Andalucía, según López, las políticas en este sentido están dando frutos, pero el relevo generacional es difícil cuando «un agricultor se tiene que jubilar con 600 euros al mes». «El funcionamiento de la Seguridad Social es inasumible», lamenta López, quien exige que la Junta ponga en marcha la explotación de las 5.000 hectáreas que posee en el territorio y que la Ley Agraria simplifique los trámites de las ayudas europeas. «La burocracia nos aplasta. La gestión de la PAC en 2016 fue complicadísima», sostiene el secretario general de Asaja Sevilla.
Además, las organizaciones agrarias reclaman la creación del observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia «de los oligopolios»: de energía, fertilizantes, piensos o semillas y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.
Por otro lado, se propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la «venta a pérdidas» como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.
En cuanto al seguro agrario, «debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico tan volátil y por el esperado aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por el cambio climático», según COAG, que reivindica más presupuesto estatal.