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Cristóbal Montoro, en Antares, con el vicesecretario para Asuntos Territoriales del PP, Javier Arenas. / Raúl Caro (Efe)
Como la carrera San Silvestre, el cibermonday o el equinoccio en Chichén Itzá, en la actualidad política se repite año tras año el enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central por la asignación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por ende, por la política económica. Ayer, Susana Díaz lanzó un dardo al ministro Cristóbal Montoro: «Hace trampas. No le salen las cuentas de la Seguridad Social» y el titular de Hacienda y Función Pública le replicó, en Sevilla, unas horas más tarde y por partida doble. Respondió que es «absurdo» pensar que el Gobierno hace «trampas», pidió que se contenga el «victimismo» y, además, anunció «200 millones de euros largos» más para Andalucía en los PGE.
Eso sí, no es una partida extraordinaria, sino de la liquidación tributaria final de 2015, por lo que la intención de Montoro de contrarrestar las críticas de la Junta por el «maltrato» a Andalucía en los PGE tendrá poco o nulo efecto. El ministro puede que ayer se ganase a parte de su público, pero el Ejecutivo de Díaz difícilmente suavizará su discurso con este anuncio, cuando lo que pide es, entre otras cosas, que las inversiones del Estado en la comunidad pasen del 13,5 por ciento del total del reparto entre las comunidades autónomas al 18 por ciento, lo que representa su peso poblacional en el país.
«España no se puede convertir en un coro de lamentos», dijo Montoro durante el almuerzo-coloquio Los Presupuestos Generales del Estado y el crecimiento económico de Andalucía, presentado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, en el Club Antares. Ante empresarios y responsables políticos, el ministro de Hacienda explicó que los PGE de 2017 aportan a la financiación de la Junta 835 millones, «más otros 200 millones largos» por la liquidación final de 2015.
No obstante, Montoro indicó que esta cifra era «provisional» y no aludió a la cantidad de entregas a cuentas –adelanto por los impuestos cedidos– que realizará el Ministerio, cantidad que el Gobierno andaluz reclama para saber a cuánto se puede reducir el Impuesto de Sucesiones, por el que se ingresan unos 400 millones de euros.
El ministro andaluz, que recordó que en las elecciones generales de 2011 410.000 sevillanos votaron la lista que él encabezó, subrayó «lo que se ahorra» la Junta al estar dentro del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): 850 millones de euros, para añadir que están haciendo juntos «lo que tenemos que hacer juntos».
Además, defendió que a Andalucía le faltan dos años «a este ritmo» para tener el mismo número de afiliados a la Seguridad Social cotizando que en 2007, esto es, antes de la crisis. «Es un objetivo alcanzable. Estamos en el buen camino», dijo.
Y ante las críticas de la Junta por «vaciar» la hucha de las pensiones, fue tajante: «Están garantizadas. El error fue pensar que con este fondo de reserva que nosotros creamos las pagaríamos. Se subsana con transferencias del Estado». Así respondió a los socialistas.
Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivindicó por la mañana, con cierta brisa triunfante, los buenos síntomas de la economía después de pasado el ecuador de la legislatura. «A día de hoy contamos con 286.000 desempleados menos que antes de celebrarse las elecciones autónomicas de 2015», dijo, apoyándose en los datos del paro que se dieron a conocer minutos antes de su intervención en los desayunos informativos de la Cadena SER.
Este panorama lo sazonó la dirigente andaluza sin ayuda alguna del Gobierno de Mariano Rajoy, todo lo contrario. Puso los ejemplos de la inversión del Estado en la comunidad a través de los presupuestos (recordó el descenso del 36 por ciento en los proyectos para la comunidad) o el objetivo de déficit de las autonomías que tiene que pasar del 0,6 al 0,3 por ciento. «El ministro Montoro hace trampas. No le salen las cuentas de la Seguridad Social», llegó a decir Díaz, que recordó la cifra de 900 millones de euros que Andalucía dejará de invertir en servicios públicos por la reducción del objetivo de déficit.
En la misma línea, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, indicó que espera que no haya «sorpresas» con las entregas a cuenta como las que hubo con el objetivo de déficit que ha «impuesto» el Gobierno central o con el techo de gasto aprobado, decisiones que «someten a Andalucía a un doble ajuste presupuestario, suponen un durísimo golpe a sus oportunidades de desarrollo y no trasladan la recuperación económica a las familias».
Incluso criticó la «opacidad» del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, porque «no ha aclarado cuál ha sido la metodología empleada para determinar la distribución del déficit entre administraciones». A su juicio, deben aplicarse criterios objetivos que consideren el porcentaje de gasto que representa cada administración.
La consejera incidió en que las comunidades autónomas representan el 32 por ciento del gasto público «y solo tienen el 19 por ciento del margen de déficit del conjunto de las administraciones».