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Humedales de Doñana. / EFE
Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula la inclusión del dragado de profundización del tramo navegable del Guadalquivir en el Plan Hidrológico, la Comisión Europea ha enviado hoy un dictamen al Gobierno español contrario al proyecto del Puerto de Sevilla en el que se dan dos meses de plazo para adoptar medidas correctoras, esto es, “para que se examine en detalle, tal y como exigen las normas de la UE, el impacto medioambiental del proyecto y, en particular, los efectos negativos sobre los espacios protegidos”, como Doñana.
Este dictamen es la segunda fase de un procedimiento de infracción que comenzó tras una queja de la asociación ecologista WWF en 2012, por considerar que la obra no puede llevarse a cabo, ya que vulnera claramente varias directivas europeas. Su portavoz en Doñana, Juan José Carmona, ha asegurado que con este dictamen europeo “muere ya totalmente el proyecto del Puerto”. “Ya no quedan excusas para que el Gobierno español le diga al Puerto que tal y como está el río ahora no se puede hacer”, apostilló. A su juicio, tras la sentencia del Supremo y las opiniones del Consejo de Participación de Doñana y la propia Junta (cautelosa siempre), este dictamen es “el último clavo del ataúd del proyecto”. “Hay que enterrarlo y que Gobierno y Junta arreglen el estuario con una gestión integral como piden los científicos”, indicó el ecologista en declaraciones a este periódico.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. En ausencia de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.