La herramienta para financiar el sistema de pensiones está agotada, desfasada de la realidad social. Hasta ahí todos de acuerdo. El desequilibrio entre ingresos y gastos en la Seguridad Social se traduce en que los ingresos por cotizaciones sólo dan para atender los pagos mensuales, pero no las extraordinarias.
La realidad demográfica, con una pirámide dominada por los mayores de 65, y una esperanza de vida media de 85 años en adelante hacen que el sistema de pensiones español sea insostenible. Su carácter contributivo hace que dependa fuertemente del empleo, un concepto que en el país ha perdido fuerza. La falta de mano de obra y por tanto de cotizaciones ha obligado al Estado a tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder hacer frente a los pagos de las pensiones en época de vacas flacas.
Las necesidades han forzado al Gobierno a desvalijar esta hucha. Sólo el año pasado se hizo uso de más de 20.000 millones de euros, cerca del 15 por ciento del total de la factura de las pensiones que rozó los 140.000 millones.
¿Se podría agotar el fondo para nuestras pensiones? La historia habla por sí sola y viejos augurios demuestran que el sistema, pese a no pasar por su mejor momento, tiene una estructura fuerte. Sin embargo, sí se deben aplicar medidas de contención para evitar un mayor debilitamiento. Cambios, que se deben tomar sin dilación, aseguran los catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, y de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Santiago González Ortega.
Primeramente habría que atender al problema del empleo. Como recuerda Cruz Villalón, el nivel y la calidad del empleo no han alcanzado los niveles previos a la crisis, por eso «hay que potenciar la recuperación empleo a tiempo completo, porque el parcial provoca cotizaciones bajas». También habría que mejorar los salarios, ya que las bajas retribuciones, en muchos casos limitadas al salario mínimo interprofesional –algo más de 700 euros–, ha menguado los ingresos. Coincide en estas medidas González Ortega y cree que sería la solución «mágica», aunque sus efectos «no son inmediatos». El profesor Cruz Villalón no confía, sin embargo, tanto en esta medida y añade que aún así seguiría existiendo desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema.
Proponen como segunda medida un incremento de las cotizaciones o de ingresos por éstas. González Ortega apuesta por subir un punto la cotización del 28,3 por ciento actual. Una propuesta algo impopular, asegura. «Está la resistencia empresarial, ya que argumenta que incrementa el coste del trabajo; aunque también podría asumirlo el trabajador, cuya cotización con respecto a otros países es baja», explica el profesor de la UPO.
El docente de la Hispalense se decanta por elevar el tope de cotización, ahora situado en los 3.642 euros, ya que es poco razonable. Según algunos expertos, esta medida podría suponer un ahorro de 7.000 millones.
Los docentes no coinciden en todas sus medidas. Por su parte, Santiago González Ortega recomienda sacar pensiones como la de viudedad o orfandad de la cuenta de las pensiones profesionales –aquellas se financian con las cotizaciones y que realmente son las que están en peligro–. Propone pagar este tipo de retribuciones a través de los Presupuestos Generales del Estado, «que al final terminarían financiando todos los contribuyentes con sus impuestos», señala. Sería el mismo gasto, valorado en unos 14.000 millones, pero financiado de otra forma.
No está de acuerdo con esta medida Cruz Villalón, quien opta un replanteamiento de las pensiones de viudedad. «Se debería valorar si hay personas que están percibiendo estos pagos pero económicamente no lo necesitan, porque estén en activo con retribuciones o una jubilación suficientes».
Por último, González Ortega ve viable una vía impositiva, semejante a la que existe en Francia para afrontar el sobrecoste del sistema público. Una medida también impopular que no comparte Cruz Villalón, quien apunta otra alternativa: incrementar la aportación a la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.
También habría que poner el foco en la morosidad, lo que implicaría un mayor trabajo para la Inspección de Trabajo, «de modo que hay menos fraude y se controle el incumplimiento de las obligaciones de cotización», recalca el docente de la UPO.
Sin embargo, una de las soluciones para ambos catedráticos sería la aceleración de la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2011, ya que recalcan la lentitud de la transición. Cruz Villalón considera que se podría acelerar el proceso de jubilación de los 65 a los 67. González Ortega directamente suprimiría ese periodo transitorio –que se prevé finalice en 2027– para anticipar «el ahorro», ya que sería una medida de actuación sobre el gasto. Además, asegura que ayudaría a que no se devaluasen más las pensiones, y que se estima sea un 10 por ciento más bajas en una década –después de que se empiece a aplicar también el factor de sostenibilidad en 2019–. En 2050 la merma podría llegar al 30 por ciento.
¿Complementar?
En la última semana, el concepto de fondos de pensiones de empleo ha generado un debate sobre su idoneidad para complementar el sistema público de pensiones, ante el inminente agotamiento del fondo de reserva, que auguran los expertos. Este producto, impulsado por la empresa, funciona como un fondo privado pero de carácter grupal. Sin embargo, según los catedráticos Cruz Villalón y González Ortega, la idiosincrasia del tejido empresarial español, formado en su práctica totalidad por pequeñas y medianas empresas, hacen inviable pensar en esta fórmula compartida como una solución mayoritaria. Cruz Villalón apunta que las pymes españolas no tienen capacidad para organizar y sufragar este tipo de fondos, que cuentan con incentivos fiscales.
En relación a este tipo de productos de ahorro privado, González Ortega cree que la capacidad económica real de los españoles, «la mayoría con sueldos de mil euros», no les permite hacer ningún tipo de ahorro complementario, que les permita mantener en un futuro el nivel de vida actual. Además hace hincapié en los intereses económicos que hay detrás de este tipo de fondos.
Y señala en el «efecto mateo» que tienen los productos de ahorro: debido a su tratamiento fiscal favorable, al final damos más a quien más tiene, «por lo que acabamos financiando los planes complementarios a través del pago de nuestros impuestos, provocando así un efecto de injusticia social», recalca González Ortega.