¿Qué fue de las cajas de ahorros andaluzas?

sevilla{¿Qué pasó con las cajas de ahorros andaluzas? Pues que no queda ninguna y, en el conjunto de España, apenas dos... y pequeñitas. Ni la caja única que proyectó Manuel Chaves, ni la gran caja concebida por José Antonio Griñán, ni la teoría de las dos torres, una para la Andalucía oriental y la otra para la occidental. De seis cajas hasta finales de la pasada década –Unicaja, Provincial de Jaén, General de Granada, El Monte, San Fernando y Cajasur–, el mapa financiero regional, si entendemos como tal a las entidades con sede social en la comunidad, se ciñe a Unicaja Banco, más las cajas rurales, aunque éstas son cooperativas de crédito (entre ellas, Rural del Sur y Cajamar).

De cajas de ahorros hemos pasado a las figuras de fundación bancaria y fundación ordinaria sin gestión bancaria directa ni en un caso ni en el otro. Un ser y no ser, un querer y no poder. En suma, un nuevo mapa ceñido a la Obra Social, herencia de las cajas y otrora su razón de ser, y a administrar la participación como accionistas en los bancos donde participan y, por tanto, los recursos que obtienen vía dividendos.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), reconvertida ahora en asociación bancaria, ha elaborado un amplio estudio que, bajo el título El nuevo mapa de las fundaciones: de cajas de ahorros a fundaciones, refleja por primera vez y en detalle ese nuevo escenario de grandes grupos bancarios en cuyo accionariado se integran las fundaciones bancarias y ordinarias. Este informe, pues, nos acerca también a la herencia y la realidad andaluzas.

Sea por fusiones voluntarias o impuestas, y estas últimas por necesidad o tras ser intervenidas por el Banco de España so pena de quiebra, de las 45 cajas de ahorros existentes en España en el año 2010, anteayer como quien dice, quedan dos, y de ámbito reducido. Vayan por delante sus nombres, porque tiene mérito que sigan intactas: Caixa Pollença y Caixa Ontinyent. Y dicho el comentario, una sentencia del informe que merece destacar antes de seguir adelante: «La falta de propietarios identificables (en las cajas de ahorros) ha distorsionado el mantenimiento de un buen gobierno (dentro de ellas), y en ese sentido, el establecimiento de medidas correctoras (por parte del Gobierno central, en referencia a la reestructuración) era necesario. Sin embargo, ha habido algunas cajas de ahorros que gozaron de una gestión profesional con solvencia y liquidez acreditadas, por lo que el problema no puede adjudicarse únicamente al modelo sino a la dudosa gestión en casos concretos». Léase: el modelo de caja no fue tanto el problema como la politización y los desmanes crediticios, y especialmente los hipotecarios e inmobiliarios, a los que se agregaron la desmedida expansión geográfica fuera de sus territorios tradicionales –de hecho, Andalucía era un continuo llegar de todas ellas– y las lógicas consecuencias de la ardua crisis económica y el incremento del desempleo (impagos de hipotecas, créditos al ladrillo y préstamos en general).

Las 43 restantes quedaron sometidas a la legislación que, en diciembre de 2013, les obligaba a transformarse en fundaciones de carácter bancario u ordinario según el grado de participación y de control que mantuvieran sobre la entidad de la que fuesen accionistas, traspasando toda su actividad financiera. Toda. «Este proceso, pues, torna la balanza a favor del modelo de bancos, decantándose por éste, y no por el modelo tradicional de las cajas». Un inciso para Andalucía: antes de que el tsunami acaeciera, San Fernando se había unido a El Monte para fundar Cajasol, que posteriormente se integraría en el grupo de cajas Banca Cívica, fracasado y con sus integrantes pasando a manos del ya Caixabank (La Caixa, pero en banco); Unicaja, por su parte, absorbió a la Caja Provincial de Jaén; Cajasur fue intervenida al negarse a fusionarse con la malagueña y subastada, con la entonces vasca BBK (hoy Kutxabank) como adjudicataria; y Caja Granada dio la espantada al aliarse con otras cajas foráneas y forjar el banco BMN, nacionalizado después por el Estado y aún pendiente de puja.

Si hubiera que resumir esa legislación nacional y básica, quedaría así: uno, competencia exclusiva para el Estado en materia financiera, frente a la discrecionalidad anterior que ejercían las autonomías; dos, fuera políticos de los órganos ejecutivos y, por ende, gestión profesionalizada; y tres, fundaciones para la Obra Social... y poco más.

Grosso modo, la fundación bancaria es aquélla que posee una participación significativa –al menos un 10 por ciento del capital social o de los derechos de voto–, sea de forma directa o indirecta, en la entidad de crédito de la que es accionista. Eso sí, nunca podrá operar, nunca tendrá capacidad financiera. Sirva este ejemplo para Andalucía: la Fundación Unicaja es una fundación bancaria porque es el accionista mayoritario de Unicaja Banco –el 90,8 por ciento de su capital–, si bien el negocio financiero lo ejecuta sólo éste mientras que aquélla, a pesar de su notable influencia, se limita a cobrar dividendos y desplegar la Obra Social.

Eso sí, hay un matiz geográfico importante: es obligada la conversión en fundación bancaria cuando la entidad en cuestión alcance el 35 por ciento de los depósitos (dinero de los clientes) de su ámbito territorial, y esto explica la proliferación de esta fórmula con antiguas cajas muy apegadas a sus comunidades.

Son catorce las fundaciones bancarias en España, a saber: Fundación Bancaria La Caixa; Fundación Caja Navarra; Fundación Caja de Burgos; Fundación Caja Canarias; Fundación Ibercaja; Cajacírculo, Fundación Bancaria; Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación (BBK); Fundación Kutxa; Caja Vital Kutxa Fundación; Fundación Unicaja; Fundación Caja Castilla-La Mancha; Fundación Cajastur; Fundación Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura; y la Fundación Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.

Las fundaciones ordinarias, herederas también de la Obra Social de las cajas de ahorros, se rigen por la legislación de fundaciones, y aquí reside la primera gran diferencia con respecto a las bancarias. No tienen ánimo de lucro, aunque no es óbice para poder participar en bancos o empresas, poseen prerrogativas tributarias y fiscales dado que están concebidas «con fines de interés general», y, en caso de alcanzar un alto grado de influencia sobre la entidad financiera de la que son accionistas, deben transformarse en fundaciones bancarias.

Tales prerrogativas implican un especial control público, sea del Estado, sea de las autonomías, dependiendo del territorio donde ejerzan las actividades de Obra Social. Por ejemplo: La Caixa, todo el país; Cajasol, Andalucía.

Siguiendo en esta comunidad, como fundaciones ordinarias afloran la Fundación Cajasur, que no posee participación alguna en el Kutxabank, propietario de la marca cordobesa, la otrora caja controlada por la Iglesia católica; la Fundación Cajasol, que ostenta alrededor del 0,89 por ciento de Caixabank, cuyos dividendos sufragan su Obra Social y tiene una estrecha colaboración con Fundación La Caixa, con frecuentes actuaciones conjuntas –entre ellas, la recuperación de las antiguas Atarazanas de Sevilla–; y, por último, Caja Granada Fundación, propietaria del 2,79 por ciento de Banco Mare Nostrum (BMN), nacionalizado por el Estado español.

¿Y a qué se dedican? A múltiples actividades, y muchas también compartidas pues, al fin y al cabo, los fines son coincidentes. Cajasol, por ejemplo, habla de «deporte, cooperación al desarrollo, acción cultural, educación y formación». Es, pues, un amplísimo abanico. Su presencia en la sociedad y en la cultura andaluzas es creciente.

Y sentencia el informe: «Las cajas de ahorros fueron durante mucho tiempo un complemento importante de las políticas públicas y han posibilitado la atención de necesidades sociales no cubiertas (...), por lo resulta necesario encontrar la forma mediante la cual estas fundaciones puedan seguir financiando su Obra Social y Cultural». ~