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Uno de los equipos que tiene que pasar la Iteaf, un atomizador tratando la mosca del olivo. / El Correo
El próximo 26 de noviembre se cumple la fecha límite impuesta por la directiva comunitaria que persigue un uso eficiente de los plaguicidas y publicada en noviembre de 2009 para que los equipos de aplicación de fitosanitarios previamente registrados pasen una inspección técnica obligatoria equivalente a la ITV de un vehículo.
Sin embargo, el retraso en la trasposición de la directiva al ámbito autonómico sumado al desconocimiento de muchos agricultores, ha provocado que de los casi 58.000 equipos que están llamados a ser inspeccionados en Andalucía de aquí a dos meses y medio, solo el 3,5 por ciento –es decir algo más de 2.000–, hayan iniciado ya este proceso, siendo las provincias de Jaén y Córdoba las que concentran el mayor número de inspecciones emprendidas, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, actualizados a fecha de 31 de julio.
No llama la atención que sea así porque la Junta había establecido el 15 de septiembre como fecha límite para haber comenzado esta revisión en esas dos provincias, que son además las que acumulan un mayor volumen de este tipo de maquinaria que incluye pulverizadores, espolvoreadores, aquellos equipos que van montados a bordo de aeronaves y los instalados en el interior de invernaderos. No obstante, el pasado 23 de agosto, la Consejería amplió esa fecha hasta el 15 de noviembre para así unificarla con la del resto de provincias andaluzas.
Jaén concentra así el 37,3 por ciento del total de equipos censados (hasta contabilizar 21.609) obligados a esta revisión antes de diciembre, seguida de Córdoba, con el 20,66 por ciento (11.958). En tercer lugar se coloca Sevilla, con un censo 8.334 equipos, el 14,4 por ciento del total, mientras que por detrás se sitúa Granada, que aglutina al 10,8 por ciento de la maquinaria (con 6.248). Ya con menor incidencia, las provincias de Málaga (con 3.593, el 6,2 por ciento), Huelva (el 5,6 por ciento y 3.266), Cádiz (1.875, el 3,2 por ciento) y Almería, con 995 equipos obligados, el 1,7 por ciento.
Si la directiva comunitaria se remonta a 2009, ¿cómo se explica que las primeras inspecciones en la comunidad andaluza se hayan comenzado a hacer efectivas el pasado mes de junio, cuando ya se vislumbraba lo ajustado del plazo a cumplir?
Fuentes de la Consejería admiten que el proceso no ha sido todo lo dinámico que debería haber sido y que se han producido un «cúmulo de dilaciones». De este modo, reseñan que tras la aprobación de la directiva comunitaria, el siguiente paso fue la trasposición a cada Estado miembro, una normativa que en España se culminó a principios del año 2012. A partir de ahí, le correspondía a cada comunidad autónoma diseñar sus propias actuaciones. En el caso de Andalucía, se ha registrado en este proceso «un problema añadido», explican. Y es que en diciembre de 2014 la Junta aprobó un decreto para que la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación Fitosanitarios (Iteaf) –así se conoce esta ITV– se hiciera en la comunidad de forma similar al resto de vehículos, es decir, que la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) tuviera la exclusividad para realizar la prestación de este servicio, como ocurre con el resto del parque móvil.
Sin embargo, en septiembre del año pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó objeciones a esa decisión de la Junta, ya que el organismo público constató que en el resto de comunidades autónomas la inspección Iteaf se encontraba abierta a otras entidades autorizadas, que además pueden proceder de fuera de Andalucía. Ello obligó a la Consejería a modificar el decreto para abrir el servicio a operadores privados. Se trata de una circunstancia que nos sitúa ya en el horizonte temporal del pasado mes de mayo. El resto de comunidades publicó sus respectivas normativas entre los años 2014 y 2015.
A día de hoy, hay un total de 38 empresas que están autorizadas para prestar este servicio, y cuyo detalle acerca de las zonas de actuación donde operan, el número de unidades móviles con el que cuentan, las tarifas y los datos de contacto, están disponibles en la página web de la Consejería. Los precios oscilan entre los 50 y los 120 euros, según el tipo de maquinaria que se trate.
«Va a ser uno de los temas más calientes» del otoño, vaticina Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla porque «un gran número de maquinaria no llegará a tiempo en parte por desconocimiento», pero también, agrega, porque la mayoría de empresas homologadas solo cuentan con uno o dos equipos móviles que pueden desplazar para hacer las inspecciones. De los 38 autorizados, solo uno tiene siete unidades y dos cuentan con cinco equipos. «Cada uno puede hacer unas ocho o diez inspecciones al día», apunta. «Hasta ahora, la cifra de los que lo han pasado es testimonial».
Ante este panorama, ¿hay posibilidad de que Bruselas flexibilice esta fecha? Para Caro no es una opción fácil porque el Ministerio ya dijo en su momento que no podría prorrogarse. Sobre esta posibilidad, fuentes del departamento que dirige Carmen Ortiz se limitan a decir que es una decisión que depende de Bruselas, pero que ésta «no ha dado pistas de que vaya a concedermás tiempo».
Por tanto, y ante una esperada negativa, lo que resta es preguntarse qué puede ocurrir en el caso más que previsible de que muchos no lleguen a tiempo.
Desde la Consejería indican que la directiva establece que a partir del 26 de noviembre todos los equipos con obligación de inspección que no hayan pasado favorablemente la misma «no podrán ser utilizados para tratamientos fitosanitarios». El uso indebido de los mismos supondría incumplir la ley de sanidad vegetal que desembocaría en un expediente sancionador. La multa dependería de la gravedad.
A priori, las fuentes consideran que «se trataría de una falta leve por riesgo para la salud o el medio ambiente», infracción que según la ley supondría una sanción económica que oscilaría entre los 300 y los 3.000 euros.
Sin embargo, desde Asaja Sevilla creen que las multas podrían situarse por encima de los 3.000 euros, pero más allá del dinero, preocupa el impacto que tendría para el sector al que más le urgiría regularizar su equipos, el de las frutas y hortalizas, por su carácter eminentemente exportador.
Todos los equipos nuevos adquiridos después del 10 de diciembre de 2012 disponen de un plazo de cinco años para pasar su primera inspección.