Si hay una política que defina lo que es la Comunidad Económica Europea esa es la Política Agraria Común, más conocida como la PAC. Así lo creen los principales responsables de las organizaciones agrarias andaluzas, como el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, su homólogo en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos, y el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, que hacen balance de lo que ha supuesto la PAC en Andalucía cuando está a punto de culminar el 30 aniversario de la entrada de esta política en España.
El balance, a priori, es positivo. Sobre todo si se mira desde el punto de vista del agricultor, quien ha doblado su renta agraria en los últimos 30 años «y, por tanto, ha incrementado su calidad de vida», señala Cobos. Renta que se prevé ronde los 8.700 millones de euros en 2016. Además, han crecido las hectáreas medias, pasando de las once hectáreas de finales de los años 80 a las 18 de media actuales, según datos facilitados por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, quien tiene un papel fundamental en la gestión de los fondos europeos. Pero también para las infraestructuras, que sin las ayudas financieras de la PAC, no podrían haberse modernizado.
Estar en un mercado único «ha facilitado a las empresas andaluzas impulsar sus exportaciones», señala el portavoz de Asaja Sevilla. No hay más que ir a los datos para corroborarlo: Andalucía batió el récord de exportaciones agroalimentarias este pasado año al vender al exterior más de 10.000 millones.
Además de los productores, los consumidores han sido otro de los beneficiarios de la aplicación de estas políticas. El mercado único asegura una estabilidad en los precios, «que llegan de forma indirecta al consumidor», señala el secretario general de UPA. Pero también garantiza la máxima seguridad alimentaria y calidad, «estándares que no se repiten en el resto del mundo», apunta Caro.
Todos coinciden en que los comienzos fueron duros. En una democracia recién instalada y con el recuerdo de la escasez de la dictadura, la comunidad tuvo que hacer una esfuerzo titánico por ponerse a la altura de países que llevaban tres décadas trabajando bajo el mercado único. Los mecanismos de transición fueron largos «y los precios de referencia eran muy elevados», explica López.
Dividida en dos pilares, el más importante es el de las ayudas directas, dado que favorecen directamente al agricultor, y también el que más peso tiene en cuanto a presupuesto se refiere. De los 1.900 millones que recibe Andalucía de la PAC al año, en torno a 1.400 millones se destinan a cubrir los pagos directos.
Una ayuda que como recuerda Caro fue fundamental a principios de los años 90 frente a la sequía que sufrió el campo andaluz y sin la cual «hubiese sido imposible mantener la renta».
El segundo pilar son las ayudas al desarrollo rural y que han sido esenciales para impulsar la modernización de la agroindustria y la renovación generacional del campo. Éstas se llevan en torno al 26 por ciento del presupuesto. Y que han permitido tener uno de los sistemas más eficientes en regadío, pone como ejemplo el secretario general de COAG
En 2014 arrancaba el nuevo marco de siete años que culminará en 2020. Pero la negociación de este nuevo periodo comenzó dos años antes, en plena crisis financiera, «lo que hizo que las negociaciones fueran tremendamente difíciles», recuerda Caro. Además, «los países del Este, capitaneados por Polonia, reclamaban equidad en los pagos», lo que provocó que amenazara la figura de la tarifa plana, sin tener en cuenta las superficies y productividades de cada país, «y que en Andalucía hubiese supuesto una rebaja de más del 50 por ciento de las ayudas».
Pero, ¿se puede considerar que Andalucía fue maltratada en la última reforma de la PAC? En opinión de los secretarios generales de COAG y UPA, la comunidad salió perdiendo por la decisión del Gobierno central de recortar las ayudas al desarrollo rural, pese a que Bruselas incrementó esta partida para España. «Veníamos recibiendo 2.000 millones y de forma injustificada se hizo un recorte del 10 por ciento, que se repartieron entre otras comunidades autónomas», apunta Cobos. Es decir, «tenemos 211 millones menos para la incorporación de jóvenes y la modernización de las explotaciones...», subraya el secretario general de UPA.
No obstante, desde Asaja Sevilla señalan que la rebaja en materia de desarrollo rural podría haber sido mayor, de un 20 por ciento, «pero el Ministerio aplicó criterios de suavización para que no fuese más de un recorte del 10 por ciento».
La comunidad también se vio perjudicada por el descenso del 8,64 por ciento en las ayudas directas a los agricultores que percibían menos de 5.000 euros, que son la amplia mayoría, pues, según Cobos de los 260.000 perceptores, 200.000 cobran por debajo de esa cantidad. Es decir, Andalucía dejó de percibir en torno a 230 millones en este concepto.
Otro de los errores que remarcan se refiere a los pagos acoplados (ayudas a sectores concretos). Las tres organizaciones agrarias coinciden en que la remolacha ha sido el cultivo más maltratado, pues se mejoraron las ayudas a los productores del Norte del país, mientras que Andalucía vio cómo mermaban, a pesar de que los costes de producción son mayores que en el País Vasco o en Castilla y León. Una medida que para López ha sido «flagrante» y a la que sólo ha sobrevivido una de las cinco azucareras que había en la comunidad. De ahí que el secretario general de COAG denuncie que «cuando sometemos la alimentación a la participación de mercados financieros, lo convertimos en un elemento económico más, en vez de en una necesidad básica».
Sin embargo, el algodón, la vaca de leche o el caprino están entre los sectores damnificados por las ayudas acopladas, según COAG. Para UPA, el olivar en pendiente en secano es uno de los más perjudicados, y que agrava la situación de altos costes de producción, lo que le impide ser un cultivo competitivo.
Desde la Consejería de Agricultura también creen que la comunidad resultó especialmente dañada, ya que perdió 900 millones por la aplicación del recorte lineal a los beneficiarios de menos de 5.000 euros y por «el injusto reparto de las ayudas asociadas».
En un año, aproximadamente, Europa iniciará las negociaciones de la futura PAC, la del marco 2021-2027. De hecho, la ministra de Agricultura, Isabel García de Tejerina, anunció la semana pasada que en marzo se celebrará una reunión para perfilar la postura de España ante dichas negociaciones. Un nuevo marco que «debe mantener la población en el medio rural y el tejido productivo de nuestros pueblos», así como equilibrar la cadena de valor y mejorar la posición negociadora de los productores, señaló la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, en la jornada 30 años de la PAC en España, que organizó Asaja Sevilla, y que contó con la visión de cuatro exconsejeros del ramo.
Las organizaciones agrarias lo tienen claro y coinciden en que mantener el presupuesto es el objetivo. Inciden también en la importancia de hacer frente a los precios y de reforzar los mecanismos mercantiles para asegurar que los precios cubran los costes de producción y que no se produzcan situaciones comerciales injustas como la venta a pérdidas, tan recurrente en productos como el aceite de oliva.
Pero matizan y, por ejemplo, desde UPA apuestan por «un reparto más justo de esos recursos para potenciar a los agricultores profesionales». Asaja pone el foco en el relevo generacional, «porque reforma tras reforma somos más viejos». Pero sobre todo, como apunta Caro, el principal objetivo es que se deje de lado el plano político y se ponga el foco «en los intereses de los ganaderos y los agricultores andaluces».