El panorama del baloncesto profesional en España es un auténtico caos. Es imposible tener una mínima certeza sobre si habrá ascensos o no, cuántos equipos engrosarán la liga y cómo pueden afectar a cualquier modelo de competición que pueda salir de la asamblea de la ACB del 12 de junio las denuncias en los tribunales de los equipos que, habiendo ganado el derecho deportivo, no han podido formar parte de la liga. En medio de todo ello se juega el futuro en la élite el descendido Real Betis Energía Plus.
La ACB ha ido dejando en estos años tantos cabos sueltos que se antoja difícil de creer que pueda haber una solución global y estable para los próximos años. Los últimos en salir a la escena han sido el Gipuzkoa Basket, campéon de la LEB Oro, y la Federación Española de baloncesto.
El club donostiarra se ha ganado el derecho deportivo de subir a la ACB, un año después de descender y de renunciar a su propia vacante para reestructurar una deuda reconocida de 3 millones de euros. La presidenta del club, Nekane Arzallus, se reunió ayer con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, que va a jugar un papel clave de intermediación en todo el conflicto del baloncesto profesional. Arzallus expresó la decisión de su entidad de jugar en la ACB y amenazó con acciones judiciales si no se lo permiten. En su caso, el canon (3 millones de euros) no es problema porque ya lo abonó en 2006, pero sí la reposición del fondo de ascensos y descensos (1,5 millones), una cantidad inasumible para un equipo que ha tenido un presupuesto esta temporada de 850.000 euros. Gipuzkoa se apoya en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra los requisitos económicos de acceso a la ACB, entendiendo que ya no pueden ser exigibles, aunque la ACB va a presentar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional que implica la solicitud de medidas cautelares. Así que la batalla en los tribunales está servida: no sólo Gipuzkoa, sino Burgos, Palencia o Melilla, que no han podido subir estos años, también se podrían sumar al contencioso.
Si el 12 de junio se pacta una liga de 16, el posible ascenso de Gipuzkoa pondría en peligro la posibilidad de que el Real Betis, que ocupó plaza de descenso junto a Manresa, pueda ser repescado. El CSD debe auditar las cuentas del club de San Sebastián, que además tiene que elevar sensiblemente su capital social. La ACB exige un mínimo de 1,5 millones, cuando el año pasado, para equilibrar las cuentas, lo redujeron hasta 100.000 euros. Así que el plan del equipo vasco es solicitar también la devolución del canon (3 millones) después de la resolución de Competencia, algo que no parece posible hasta que haya una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso de la ACB.
Mientras tanto, la Federación Española de Baloncesto (FEB) hizo público ayer un comunicado en el que, primero, mostró su oposición a una reestructuración de todas las ligas con la idea de crear una segunda división ACB. Recordó a la patronal del baloncesto que «cualquiera que sea la propuesta del CSD en su mediación para solucionar el conflicto debe respetar las competencias de la FEB», organizadora de todas las ligas salvo la ACB. Además, subrayó que «la normativa de ascensos y descensos está regulada por el convenio ACB-FEB y no es objeto de discusión» en el ámbito del conflicto «interno» de la ACB.