-
Luis Oliver y Pepe León, juntos en la ciudad deportiva en agosto de 2010 / Paco Puentes
El llamado ‘caso saqueo’, una pieza separada del ‘caso Lopera’ que se centra en la gestión de Luis Oliver en el Betis (2010), acabará salvo sorpresa en juicio oral. Así lo pide el fiscal en su escrito de acusación, en el que solicita cinco años de cárcel y 6.000 euros de multa para el empresario por un presunto delito de apropiación indebida continuado junto a otro de falsedad continuada en documento mercantil. Según el Ministerio Público, el navarro causó al club un perjuicio económico en los traspasos de Mehmet Aurelio al Besiktas y Sergio García al Espanyol y por eso le reclama también una indemnización de 1.090.754 euros.
El fiscal también reclama cuatro años de cárcel, por los mismos delitos, para José León, que presidía el Betis en esa época. Y nueve meses de prisión para otro expresidente, Jaime Rodríguez-Sacristán, entonces vicepresidente. Para los empresarios que colaboraron con Oliver hay distintas peticiones: dos años para José María Gálvez y Miguel Ángel Mayayo, que intervinieron en la venta de Mehmet Aurelio; un año y seis meses para Plácico Nicanor Robla, que participó en la de Sergio García; y un año para Isabel Escrig por el contrato con la consultora Orión. Todos habrían permitido pagos a cargo del Betis por trabajos que no hicieron.
Oliver fue nombrado consejero del Betis por cooptación el 23 de julio de 2010, pero el fiscal recuerda que «actuó de administrador de hecho» del club y lo acusa de intervenir en esas operaciones «con ánimo de obtener un beneficio económico», siempre «con la connivencia» de León.
En el caso de Mehmet Aurelio, hizo «aparecer como intermediario» a Bastogne Corporación S.L., cuyo administrador era Gálvez, que a su vez «se había puesto de acuerdo» con Mayayo, quien a cambio de 110.000 euros actuó como administrador de esta sociedad. El 31 de agosto de 2010, Bastogne presentó al Betis una factura de 345.000 euros que el club abonó con un pagaré.
En el caso de Sergio García, el Zaragoza tenía un derecho de tanteo por el jugador y el Betis le debía 7.214.285 euros, así que alcanzaron un acuerdo «sin intermediarios»: los maños pagaron 7.080.000 euros y así compensaron la deuda y luego lo vendieron al Espanyol por idéntica cantidad. «Las conversaciones se llevaron a cabo fundamentalmente por Oliver», aunque Robla «tuvo una intervención leve» «a través de Sport Transfer S.L.». Según el Ministerio Público, Oliver acordó con Robla que emitiese una factura de 590.000 euros por su presunta intervención. León lo autorizó, aunque «sabía la prácticamente inexistente mediación». El Betis pagó el 26 de agosto y Sport Transfer transfirió 489.000 euros a la cuenta de Bastogne; Gálvez se quedó los otros 110.000. Bastogne, a su vez, transfirió «sin causa» 149.832 y 69.620 euros a dos mercantiles de Mayayo (Ranking XXI y Global Witness XX) y 13.501,60 euros a una de Oliver (Stavia Sport).
La Fiscalía también explica que León, «siguiendo las instrucciones de Oliver y en connivencia con Escrig», administradora de Orión, contrató a esta empresa para gestión y asesoramiento. El club llegó a pagar 146.200 euros, «sin que los servicios prestados justificasen tan alta remuneración». «Las costas laborales [...] sólo ascienden a 52.566 euros, ya que la gestión y administración siguió llevándose por empleados del Betis [...]. Los pagos se efectuaron con el consentimiento de León aun a sabiendas de la falta de prestación de servicios», añade el fiscal. El entonces presidente también acató el pago de 35.000 euros a la auditora Deleytax y su sucesor, Rodríguez-Sacristán, firmó otro contrato con Lucerna Technology, que Oliver «controlaba a través de testaferros», para que se encargase del «mantenimiento de las instalaciones del club y la dirección y gestión de personal». El Betis pagó 27.614,02 euros entre octubre y noviembre de 2010 «a sabiendas de que Lucerna no iba a realizar función alguna». De esa suma «se aprovechó Oliver».
Hay más señalados en el escrito acusatorio. Por ejemplo, María Jesús Sierra. Es la esposa de Oliver. El fiscal advierte su «participación a título lucrativo», ya que recibió 1.002,20 euros de Bastogne «por razón de mera liberalidad [...], sin que conociese el origen de los fondos».