Miguel Cardenal deberá declarar como imputado por la querella de Escañuela

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo 19 de octubre al actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos e injurias y calumnias de los que le acusa el que fuera presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) hasta el verano de 2015, el sevillano José Luis Escañuela.

En un auto dictado el pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez cita el mismo día, también en calidad de investigada por los mismos delitos, a la que fuera directora general de Deportes, Ana Muñoz Merino.

Se da la circunstancia de que Escañuela y Cardenal se encuentran enfrentados desde que en julio de 2015 el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior, abriera un expediente disciplinario al entonces presidente de la RFET por irregularidades en el proceso electoral que lo aupó a ese cargo en 2012.

En el auto de citación, el juez da por buena la ampliación de la querella inicial de Escañuela, que fue admitida a trámite el pasado 13 de septiembre tras prestar declaración en el juzgado el propio expresidente de la RFET.

Además, el juez Toro ordena deducir testimonio respecto de otros hechos revelados esos mismos día por Escañuela y no obrantes en la querella inicial que afectarían a la Federación Española de Baloncesto -que el magistrado no detalla en el auto- para que sean turnados a este mismo órgano por el Decanato, a fin de poder continuar con las actuaciones en relación con los mismos.

El auto detalla que tanto Cardenal como Muñoz deben ser citados a través del CSD y les debe ser entregada la querella y otra documentación complementaria, entre la que se encontraría una copia en CD de las declaraciones contra ellos que efectuó Escañuela en el juzgado. Contra la citación cabe recurso de reforma ante el propio juez Toro, subsidiario de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid.