La renta básica no existe. No con la definición que le dio la organización internacional que defiende este derecho desde principios de la década pasada (Basic Income Earth Network). Según ésta, la renta básica es «un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva». Cobrar por estar vivo. Un pago incondicional para toda la población adulta equivalente, al menos, al umbral de la pobreza en cada nación. Esta idea no existe en ningún país en la actualidad. Alaska, en Estados Unidos, es el único lugar que contempla una renta básica para mitigar las desigualdades sociales: cada familia recibe 900 dólares al año por cuenta de los dividendos del petróleo. Y Suiza prevé convocar un referéndum para votar si aprueba un ingreso incondicional de 2.500 francos suizos (2.000 euros) al mes del Estado, para ofrecer «una red de seguridad financiera a la población». Así que las dos preguntas que debemos hacernos aquí son sencillas: ¿Es económicamente viable y técnicamente realizable o se trata de una utopía provocadora? Y, segundo, ¿es una medida justa? ¿Es justo que alguien que rechace un trabajo asalariado reciba una asignación incondicional del Gobierno? 
Esta teoría política obliga a revisar los cimientos del capitalismo. Porque lo que se plantea aquí es que el trabajo, que ha sido la base del pacto social en las sociedades industriales, está agotado como modelo de distribución de la riqueza. No es de extrañar que el concepto renta básica empiece a calar en algunos círculos de alternativas económicas, ahora que en Europa se registran tasas de paro desconocidas desde hace 90 años. El empleo ya no está al alcance de todos los ciudadanos, el aumento de la riqueza del sistema productivo no repercute en el bienestar de toda la sociedad (sólo de unos pocos) y, para colmo, la crisis ha dado pie a que gobiernos conservadores y progresistas permitan el deterioro de las condiciones de los contratos laborales. Ahora, una persona puede tener un trabajo remunerado y, a la vez, vivir por debajo del umbral de la pobreza. Para la mayoría de expertos consultados en este reportaje, las dos claves fundamentales para evitar la exclusión social son: el empleo y la vivienda. En Andalucía hay más de un millón de parados (el 35% de la población activa, según la última EPA) y en el primer trimestre del año, los juzgados de primera instancia practicaron 2.641 desahucios, más de la mitad por ejecuciones hipotecarias. Cerca de 3,5 millones de andaluces (un 40%) se encuentran en riesgo de exclusión. Es difícil imaginar que en una situación así un subsidio mensual de 400 a 645 euros el salario social que la Junta otorga a familias sin ingresos pueda sacar del pozo a alguien y hacerle valerse por sí mismo. Quizá por eso, la Junta lleva desde los noventa hablando de una ley de renta básica, pensada como la respuesta integral al complejo problema de la exclusión social. 
En 2007, el Gobierno andaluz incluyó el concepto renta básica dentro del Estatuto, convirtiéndolo en un derecho ilimitado, como la sanidad y la educación, pero con una variación importante respecto a la idea original. El artículo 23.2 del Estatuto dice que: «todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo en lo dispuesto en la ley». Al redactarlo de esta forma, dice el economista Juan Torres, la Junta renunció a regular un ingreso incondicional que cobrarían todos los andaluces o residentes en Andalucía, y lo limitó a aquellos que se encuentran en situación de necesidad. «Bajo la misma denominación se ha querido expresar conceptos diferentes. La renta básica no debe confundirse con los subsidios condicionados, como las rentas mínimas de inserción que ofrecen la mayoría de las comunidades, ni con los diversos subsidios de tipo condicional propios del Estado del Bienestar», critica el economista Daniel Raventós, presidente de la Red Estatal de Renta Básica. Según los teóricos, la definición del Estatuto no responde a la idea original del término.
Parlamento. Intentemos abandonar la teoría económica y ser prácticos. El pasado 12 de diciembre, el Parlamento aprobó por unanimidad, y a instancias de IU, constituir un grupo de trabajo para diseñar la ley de renta básica, en cumplimiento del acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU. Se votó por unanimidad porque todos los partidos (incluido el PP) recogen esta idea en sus programas electorales.
El grupo de trabajo, presidido por la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se creó el 12 de febrero. Por ahora se han reunido tres veces y sólo han comparecido cinco expertos de una lista de casi 60 propuestos por los partidos: economistas, catedráticos, empleados de los servicios sociales... Al final se ha decidido reducir el número de intervinientes para agilizar el trabajo, porque, aunque aún no hay nada concluyente, sus señorías ya vislumbran una posible conclusión, a saber: que la renta básica andaluza no será una renta básica universal y ciudadana. Para lograr algo así, opina Raventós, habría que adoptar dos medidas mastodónticas: Una, hacer desaparecer todas las prestaciones sociales que existen ahora inferiores a la cuantía de renta básica (por desempleo, ayudas familiares, ingresos vitales para luz y agua, alimentación...) Y dos, una gran reforma fiscal, empezando por el IRPF. Andalucía puede adoptar la primera medida, pero no la segunda, porque cualquier tipo de reforma fiscal excede de sus competencias. Así que, nada más empezar, el grupo de trabajo ha descubierto que trabaja para formular una renta básica de inserción, algo parecido a lo que ya existe, pero mejorado.
Modelos a seguir. Pensar que la ley de renta básica puede concretarse en medio de esta crisis es como imaginar a un restaurador tratando de pasarle el pincel a la Mona Lisa sobre la cubierta de un barco en mitad de una tormenta. Para empezar, los servicios documentales del Parlamento han entregado a los miembros del grupo un extenso dossier con toda la legislación autonómica que se está aplicando (Asturias, Extremadura, Euskadi y Cataluña son los principales referentes) y otro con leyes internacionales. Lo que ahora se están preguntando sus señorías es: ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Qué fórmula importamos? ¿Qué está dando resultado?
La renta básica de inserción es una cosa distinta en cada comunidad y en cada país: viene definida por un perfil de pobreza homogéneo, pero por una política social distinta. Aquí la definición es otra: un dinero que el ciudadano al borde de la pobreza solicita a los servicios sociales cuando ya no le quedan más ingresos: ni el paro ni prestaciones del Gobierno ni familia ni amigos... Para mejorar la estrategia contra la exclusión social que ya existe, apuntan las fuentes consultadas, en Andalucía será necesario revisar el conjunto de las ayudas sociales que otorgan las administraciones (así como el tiempo que tardan en darse) y tratar de ordenarlas y unificarlas. «Hay ayudas que se solapan, y los requisitos para entregarlas atienden a una tipología diversa y desordenada del perfil de la persona en exclusión. Conseguir una ayuda para comer puede dejarte fuera de otra para pagar la luz, y esto se puede armonizar y mejorar», explican desde el Parlamento.
Uno de los espejos donde se mira Andalucía es el modelo vasco, que a su vez bebe de la llamada ley Hartz IV que aplicó Alemania a principios de la década pasada, y que unificó las políticas activas y pasivas de empleo con los subsidios sociales en España es complicado que esta fórmula se desarrolle en las comunidades, porque el subsidio del paro depende del Gobierno central. En el País Vasco se le llama Renta de Garantía de Ingresos a un dinero que oscila entre los 618 y los 900 euros al mes (dependiendo de cuántos miembros tenga la unidad familiar) y que se cobra durante dos años máximo. Ahora hay 65.200 beneficiarios (17.314 son pensionistas que complementan unos ingresos muy bajos), frente a los 55.577 andaluces que perciben el salario social (un subsidio de 397,67 a 645 euros).
Lo que tiene en común con Andalucía es que su renta también es un derecho garantizado por ley para quienes cumplen ciertos requisitos (así que legalmente no puede estar limitado presupuestariamente siempre que haya alguien que reúna los criterios para recibirla). La diferencia, que ahora la Junta trata de emular, es que en el País Vasco esa renta obliga al receptor a conseguir un empleo. La condición vasca es que para cobrar esa ayuda, el ciudadano debe estar disponible para atender cualquier oferta de empleo, acudir a un curso de formación o, de forma excepcional, realizar trabajos comunitarios. Además esta renta se complementa con otra ayuda de 250 euros para pagar el alquiler de un piso. Así, el modelo vasco apunta directamente a los dos factores que (según decíamos al principio) pueden evitar la exclusión social: un trabajo y una vivienda. Estas prestaciones son compatibles con otros ingresos, por ejemplo, con el subsidio de desempleo, con una minúscula pensión no contributiva o con el dinero por horas que gana una empleada doméstica.
Con esa filosofía trabaja ahora la Junta: la crisis ha metido en la bolsa de demandantes del salario social a personas que han perdido su empleo y necesitan una ayuda para reinsertarse en el mercado laboral. Los servicios sociales saben distinguir a esos perfiles que, dada su situación de exclusión, no reunirán las condiciones que exigiría cualquier empresa para darles trabajo. Pero muchos otros sí son «rescatables», y para ellos se sustituye el subsidio por una renta condicionada a un trabajo temporal (seis meses) que puede reanimar al ciudadano y devolverle la autoestima.
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales presentó la semana pasada el nuevo decreto ley de inclusión, que podría considerarse como la avanzadilla del trabajo sobre renta básica que está haciendo el Parlamento. Lo novedoso del decreto es que la Junta, como experimento, sustituirá el salario social por un empleo. En lugar de entregar la prestación a personas sin ingresos, se le ofrecerá un puesto de trabajo de seis meses. La Junta pagará 2.500 euros a la empresa por cada contrato que haga, y ésta ofrecerá un sueldo superior al salario social más la cotización en la Seguridad Social. Los vascos tienen una renta básica como derecho ilimitado, que es lo que sugiere el Estatuto andaluz, pero con la salvedad de que Euskadi es fiscalmente independiente, y su renta per cápita duplica a la andaluza. «Es la fórmula más adecuada de las que existen en España, pero como referente es dudoso, porque nosotros no tenemos margen para una reforma fiscal», dice el portavoz de IU, Manuel Baena.
